El plan de Escrivá recortará las pensiones de los babyboomers durante 36 años

Antes incluso de que el plan de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para remodelar el sistema de pensiones español se ponga en funcionamiento, varios organismos e instituciones alertan ya de que la cuentas no salen. La OCDE avisó en su último informe de que el envejecimiento de la población española, provocado por la salida del mercado de trabajo de la generación babyboomer y el insuficiente nivel de natalidad pondrá «en serio peligro la sostenibilidad financiera» del sistema de pensiones. En su documento bienal «Pensiones de un vistazo», carga con severidad contra la intención de derogar el factor de sostenibilidad, un «preocupante peligro» que provocará que la tasa de sustitución de las pensiones haya crecido hasta el 89%, frente a la media del 62% de la OCDE.

Pero no ha sido la OCDE la institución más dura con el plan. Esta semana, el prestigioso Instituto Santalucía (IS) ha advertido de las oscuras proyecciones demográficas, que apuntan a una aceleración del ritmo de envejecimiento de la población española y un empeoramiento de las condiciones del sistema de pensiones español. El estudio «Efectos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional sobre el Sistema de Seguridad Social» ha analizado el coste que supondrá la derogación del factor de sostenibilidad. Defiende que será «insuficiente» para sufragar el «exceso de gasto» previsto para afrontar la retirada de los babyboomer y advierte del probable colapso de las cuentas de la Seguridad Social, que deberán afrontar un déficit estructural de 86.000 millones de euros, al ser incapaz de subsanar el sistema la brecha provocada entre los ingresos del sistema y los gastos acumulados entre 2040 y 2067.

El IS (en base al trabajo de los actuarios Enrique Devesa, de la Universidad de Valencia, e Inmaculada Domínguez Fabián, de la Universidad de Extremadura) insiste -como la OCDE- en que derogación del factor de sostenibilidad va a ejercer una enorme tensión sobre la estabilidad del sistema, al generar un nivel mucho menor de ahorro a partir de 2057, que sí estaría asegurado en su mayor parte con el factor de sostenibilidad. Ese desfase se seguirá incrementando hasta que el último año al que llega el análisis, 2067, en el que auguran que se habrá producido un déficit acumulado de 7,75 puntos de PIB de ese año, que calculan en los citados 86.000 millones de euros.

Menos pagas y más recortes

En concreto, advierte de que la derogación del factor de sostenibilidad va a suponer un aumento del déficit del sistema y que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional obligará a recortes en las pagas y otro aumento de cotizaciones. Además, el nuevo sistema no es transparente e impide cuantificar de antemano cuál será nuestra pensión. Por tanto, el MEI diseñado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, «aumenta la inequidad actuarial», perjudicando la jubilación de los trabajadores durante las próximas tres décadas -36 años, para ser exactos- y «beneficiando solo a los que se jubilen a partir de 2057, momento a partir del cual el ahorro del MEI será menor que el del factor de sostenibilidad», mientras que saldrán perjudicados todos los que se jubilen antes de ese ejercicio.

Por tanto, el estudio confirma que con el nuevo sistema no se va a producir una mejora en la cuantía de las pensiones. A las razones antes esgrimidas se suma que el aumento del tipo de cotización que supone la aplicación del MEI hasta 2032, y con seguridad los años siguientes, no se va a traducir en mayores prestaciones para los afiliados que hagan las aportaciones extra que exige Escrivá con el aumento de las cuotas sociales, porque el tipo de cotización no interviene en la fórmula de cálculo de la pensión inicial. Además, consideran que la mayor recaudación que se obtenga con el MEI no servirá para pagar las pensiones de esos años, sino para realizar aportaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuyo saldo «aumentará y generará una falsa apariencia de mejora de la sostenibilidad del sistema».

Sus cálculos cifran en apenas 2.200 millones el alza de ingresos que supondrá la sobrecotización prevista por el MEI, una cantidad insuficiente y residual para apuntalar el mayor gasto en pagas que aguarda a partir de su puesta en marcha, en apenas dos años, cuando comience el grueso de la jubilación de la generación del baby-boom, que añadirá más de cinco millones de pensionistas al sistema en las próximas tres décadas.

Pensiones y salario

Siguen así los pasos de la OCDE, que cree que el incremento de la presión financiera en el sistema se debe en gran parte a que el gasto en pensiones por jubilado ha crecido a un ritmo mucho mayor que el salario medio. En este sentido, aunque los cambios demográficos han registrado un decalaje con respecto al resto de países de la OCDE, en el caso de nuestro país, el nuevo plan de Escrivá no da solución al envejecimiento poblacional, «que se acelerará ahora a un ritmo muy rápido, poniendo una fuerte presión en la sostenibilidad financiera».

Para defender sus argumentos, la OCDE hace una comparativa sobre las condiciones para lograr una pensión completa de jubilación con otros países de nuestro entorno y llega a la conclusión de que en el nuevo plan son demasiado «laxas» si se comparan con otros sistemas retributivos de jubilación. Según sus cálculos, mientras en España 2027, un trabajador se puede retirar a los 65 años con una pensión completa si ha cotizado 38,5 años, en Francia hacen falta 43 años cotizados, mientras que en Alemania son necesarios 45. Además, la OCDE critica que en la mayoría de países se tiene en cuenta el total de la carrera laboral para calcular la pensión. En la Unión Europea, solo Francia, Eslovenia y España emplean un horizonte temporal de 25 años o menos y, además, en el nuestro, las retribuciones son más generosas que en el resto respecto a lo aportado durante toda la laboral.