El Congreso da el sí a la primera parte de reforma de las pensiones de Escrivá

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 176 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones el dictamen del proyecto de ley que vuelve a revalorizar las pensiones con el IPC y sustituye el Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que contempla una subida de cotizaciones. De esta manera, el dictamen del proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones recibió luz verde por el Pleno del Congreso. La CUP, el BNG y el PP trasladaron su voto en contra.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, intervino para agradecer el trabajo de los grupos para una ley que “trae seguridad” a los pensionistas y “un marco estable”. Según defendió, “garantiza de una vez y para siempre el poder adquisitivo de las pensiones, deja atrás una etapa de incertidumbre”, destacó Escrivá, quien destacó que el paquete de medidas tiene “el espíritu del consenso” por dar respuesta a una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Trasladó a los grupos “mano tendida” y les invitó a que “se impliquen” en la tramitación en el Senado y en la segunda parte de la reforma que debe acordar el nuevo sistema de cotización de los autónomos, impulsar los planes de pensiones o crear una nueva Agencia de Seguridad Social.

Este proyecto de ley vuelve a la revalorización de las pensiones con el IPC, derogando así el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) de la reforma de 2013, y no descuenta en los años de inflación negativa. También incorpora el MEI en la disposición adicional cuarta, acordado solo con los sindicatos, sin la patronal, que contempla una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos entre 2023 y 2032, a repartir en 0,5 puntos para las empresas y 0,1 para los trabajadores, para dotar el Fondo de Reserva de recursos para afrontar el aumento en el gasto en pensiones. El MEI sustituye el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013, dejando así sin efecto los puntos fundamentales de la misma.

Enmiendas

En comisión se incorporaron enmiendas conjuntas de Bildu y ERC por las que el Gobierno deberá llevar a la mesa del diálogo social en un plazo máximo de un año una propuesta para reformar la cuantía de las pensiones mínimas y que “tengan en cuenta la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, y se deberá realizar una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.

La actualización de las pensiones con el IPC y una serie de incentivos para alargar la edad de jubilación contó el pasado mes de julio con el apoyo de todos los agentes sociales. Así, entonces se cerró un acuerdo en el que se proponen incentivos para aproximar la edad efectiva a la legal como son un aumento de la pensión o un pago único por año que se retrase la jubilación de forma voluntaria; se modifican los coeficientes de recorte de la pensión en la anticipada, siendo mayores para quien se retire en los primeros meses o los últimos dentro de los 24 meses legales que se puede anticipar el retiro, y se continúa con la separación de fuentes de financiación, de manera que el Estado va asumiendo progresivamente el déficit de la Seguridad Social.

También se eliminan las cláusulas de jubilación forzosa antes de los 68 años en los convenios colectivos, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%, y se exoneran el 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes en las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores a partir de los 62 años con el objetivo de que esas personas puedan seguir activas en el mercado de trabajo y las empresas no tengan barreras para mantenerlas.

Otros cambios incorporados en fase de ponencia es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, a instancias de Más País-Equo, y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años, pero solo para las que no alcancen los 900 euros. Precisamente, la mejora de las pensiones de las personas con largas carreras de cotización cuya jubilación precipitó la anterior crisis ha sido una reclamación constante de los colectivos de pensionistas, tanto durante las negociaciones para el nuevo Pacto de Toledo como en la reforma. Esta ya recogía complementos en determinados supuestos, que se amplían tras las enmiendas, pero PP y Vox han criticado con dureza esta reforma, además de varios colectivos de pensionistas ya han advertido de su insuficiencia y de su falta de equidad, algo también reconocido por varios grupos de la oposición.

La mayor asociación de este colectivo, Asjubi40, ha cargado contra Escrivá y su reforma por no proponer una solución al problema y sacar conclusiones sesgadas. “Tergiversa el concepto de contributividad, hace comparaciones sin sentido entre pensiones medias y utiliza la brecha de género con una intención manipuladora para justificar lo injustificable”, denuncia este colectivo, que insiste e que “es un planteamiento claramente tendencioso, muy sesgado y que no se ajusta a la moralidad”. Sobre todo teniendo en cuenta que el informe no compara la situación de estos jubilados penalizados con las pensiones medias de las clases pasivas del Estado y los ocho regímenes especiales existentes, que ascienden a 2.098 euros. Además entienden como “una limosna que llegará a unos pocos” la compensación para las pensiones más bajas.

Sobre la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, se establece que se aprobará el nuevo sistema en 2022 y empezará a aplicarse en 2023 con un despliegue gradual de hasta nueve años.

Por otra parte, el Pleno del Congreso convalidó con 291 votos a favor, ninguno en contra y 49 abstenciones el decreto que recoge un crédito extraordinario de 5.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto de la Covid-19 y la no tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de las ayudas públicas por destrucción de elementos patrimoniales como consecuencia de la erupción volcánica en La Palma.