Una de cada cuatro empresas españolas afirma que su viabilidad está en riesgo por la morosidad

La crisis económica derivada de la Covid disparó los índices de morosidad en 2020. Un año después, en 2021, los plazos de pago y los impagos se han reducido pero siguen estando en niveles preocupantemente altos, ha advertido La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Según sus cálculos, el plazo medio de pago del sector privado fue de 72 días en 2021, cinco días inferior al de 2020, pero aún lejos de los 60 días establecidos en la ley para las operaciones comerciales entre empresas. La tasa de morosidad también ha caído ligeramente en 2021, con un 4,8% de impagos respecto al volumen total de facturación, cuando un año antes era del 5,4%, si bien en 2019 se situaba en el 3,1%. No obstante, el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, ha advertido de que sigue siendo una ratio muy elevada que puede poner en riesgo la viabilidad de las empresas.

“El dato de 4,8% de impagos nos hace prever que en el momento en el que las empresas tengan problemas de liquidez se va a producir una concatenación de impagos de facturas y, por tanto, una rotura de la cadena de pagos. No es un dato menor. Europa ya indica que deberíamos movernos por debajo del 2,5%. Si echamos la vista atrás, al 2014, cuando la ratio de impagos fue del 5,7%, nos damos cuenta que fue el año en el que se produjeron los cierres más importantes de empresas. Fruto de que una de cada tres empresas que cerraba ese año lo hacía directamente o indirectamente por los plazos de pago. Si no tomamos decisiones, en el momento en el que las empresas tengan problemas de liquidez, porque tenga que devolver los créditos ICO que se les han concedido, o que empiecen a entrar en concursos, vamos a tener un aumento en los ratios de impagos que puede generar problemas en toda la cadena”, ha subrayado Cañete durante la presentación online del informe de morosidad de 2021.

Grandes empresas, las más morosas

En cuanto al plazo de pago, las empresas que más tardan en abonar sus facturas son las grandes, que suponen el 61% de las morosas, de acuerdo con los resultados de la encuesta. Según ha destacado Cañete, solo una de cada cinco grandes empresas (20%) paga dentro del plazo legal, mientras que un 38% lo hace en un periodo de entre 60 y 90 días, y un 42% paga a más de 90 días.

Entre facturas impagas y retrasos en el abono, un 27% de los encuestados considera que su negocio sería inviable si se mantienen los plazos actuales. Es decir, una de cada cuatro compañías españolas ve en riesgo su continuidad si no se ataja el problema de la morosidad, agravado aún por los efectos de la pandemia.

Para Cañete es relevante que el 92% de los proveedores no exigió la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y que el 83% nunca o casi nunca reclamó a sus clientes morosos los intereses de demora, lo que achaca al temor a perder clientes. Además, ha considerado especialmente grave que el 66% de los encuestados reconozca que tiene acuerdos comerciales de pago ilegales, por encima de los 60 días legales, algo que está expresamente prohibidos por ley y que habitualmente son impuestos por las grandes empresas a sus proveedores más pequeños.

Régimen sancionador

Las empresas son conscientes de la gravedad de esta situación de pagos y por ello el 94% de las encuestadas considera necesaria la implantación de un régimen sancionador para quienes incumplan los plazos, una petición casi unánime que sorprende a Cañete al tratarse del ámbito privado, pero que es a todas luces necesaria. En este sentido, para el presidente de la plataforma es “vergonzoso” que las propuestas de ley para un régimen sancionador que han pasado por el Congreso se hayan metido “en el congelador”, tras lo que ve una “presión clarísima” de las grandes empresas al Gobierno, aunque ha confiado en que en breve se pueda reactivar una iniciativa legal al respecto.

La PMcM reclama que exista una mediación en los impagos antes de llegar a las sanciones, que las multas se establezcan en función de la gravedad -valorada por el tiempo de retraso y el importe adeudado-, que se ponga en marcha un observatorio que vigile los periodos de pago en el sector privado y que se publique el nombre de las empresas más morosas.

Según el informe, en el sector público el plazo medio de pago fue de 61 días en 2021, un registro inferior en 15 días al estimado para 2020, si bien se trata del doble respecto los 30 días que establece la ley para las administraciones públicas. En el 48% de los casos el retraso corresponde a la administración local; en el 33%, a la administración regional; y en el 19%, a la administración central.