¿Son razonables las reivindicaciones de los transportistas?

Algunas de las reivindicaciones del sector del transporte pueden resultar razonables: en particular, los altos precios de los carburantes están dañando seriamente su actividad como consecuencia de una fuerte elevación de su precio antes de impuestos; y, habida cuenta de que los impuestos constituyen un porcentaje muy sustancial de su precio después de impuestos –entre el 40% y el 50%–, podría parecer lógico que se redujeran algunos de esos impuestos para contrarrestar el encarecimiento inicial de la materia prima.

El Gobierno, de hecho, les ha concedido ya una reducción de precios en forma de devolución de hasta 20 céntimos por litro de combustible, lo que unido a la devolución existente hasta el momento –el llamado gasóleo profesional, que no es más que una compensación de 4,9 céntimos por litro consumido–, significa que alrededor del 12% del precio final del gasoil que soporta cualquier otro comprador está ahora mismo siendo rebajado por algún tipo de transferencia estatal.

La cuestión, sin embargo, es que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera –la organización convocante del paro– no ambiciona únicamente que se abarate el precio de combustible con respecto al nivel anormalmente elevado que ha registrado en los últimos meses. No, la organización también reclama toda una serie de cambios regulatorios en favor de los transportistas que simplemente no proceden y menos en las actuales circunstancias. Entre otras, jubilación a los 60 años, prohibición de que el transportista cargue o descargue las mercancías, habilitación de áreas específicas de descanso en las zonas de carga y descarga, establecimiento de precios mínimos para el servicio de transporte a través del Observatorio de transporte de mercancías por carretera o prohibición de que los transportistas extranjeros (incluyendo los comunitarios) desarrollen más de un servicio de transporte al mes.

Dejemos bien claro que todas estas medidas –que no son más que regulaciones gremiales en favor de un sector con capacidad de hacer ruido y daño a la economía, como también lo eran los controladores aéreos o los estibadores– tendrían un efecto directo y perverso sobre los precios que abonan los consumidores. Si el coste del transporte se encarece –por razones regulatorias–, buena parte de ese encarecimiento de costes acabará trasladándose a precios –es ingenuo pensar que todos esos sobrecostes, siquiera una mayor parte, serán absorbidos por los márgenes de los intermediarios–. Y en la situación actual, fuertemente inflacionista, deberíamos evitar cebar aún más esa inflación.

Cuando se habla de pacto nacional de rentas –compromisos multilaterales para evitar espirales de aumentos de precios–, en buena medida se está hablando de esto: de que no se aproveche la coyuntura para elevar aún más los costes y por tanto aún más los precios y por tanto aún los costes –recordemos que los precios de unos, como los del sector de transporte, son los costes de otros–.

Todas las reivindicaciones que estén relacionadas con reducciones de costes y reducciones de precios deberían, como poco, ser estudiadas y valoradas: no siempre serán técnica o presupuestariamente factibles pero al menos tendrán una base de razonabilidad que sí debería ser considerada en el contexto actual. En cambio, las que aspiren a encarecer costes y precios deberían ser descartadas, sobre todo cuando atentan contra la libre empresa y la libre competencia. Que algunos transportistas se manifiesten contra el gobierno y que el gobierno puede ser muy incompetente en muchos casos no equivale a que esos transportistas tengan razón.