Los fondos «buitre» hacen peligrar el rescate de Celsa

Todo está en manos del Gobierno de España. La SEPI concedió un crédito de 550 millones para garantizar la continuidad de una empresa estratégica, Celsa, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, aprobado por el Gobierno en 2020. La SEPI puso una condición: la conformidad por parte de los acreedores. Y aquí con la iglesia hemos topado. Los fondos buitre que compraron deuda de la empresa con quitas muy importantes, bloquean el acuerdo porque no están interesados en desplegar el plan estratégico, ni en defender la integridad de su estructura industrial, ni en garantizar los puestos de trabajo directos e indirectos en Cataluña, Galicia, Cantabria y País Vasco. Tampoco les importa mucho, como fondos distressed -de deuda y oportunistas- que son dar garantía de pago a los acreedores de su inversión con rentabilidades satisfactorias y de mercado.

Los fondos buitre -Goldman Sachs, Deutsche Bank y Cross Ocean- ponen en peligro esta ayuda y en consecuencia ponen en jaque a una empresa de la que dependen 30.000 empleos en Europa, más de 10.000 puestos de trabajo en España. Celsa es vital para la economía española porque produce acero, procedente del reciclaje, para sectores como la construcción, bienes de equipo, movilidad y energía. Se dicen acreedores pero en ningún momento financiaron al grupo Celsa, sino que compraron la deuda en el mercado secundario con descuentos del 90%. Ahora pretenden hacer caja con la ayuda de la SEPI, con rentabilidades del 80%. Algo a todas luces inaceptable para Celsa, pero tampoco puede ser aceptable para el ejecutivo.

Los sindicatos y los trabajadores han convocado manifestaciones, las patronales han salido en defensa de Celsa junto a los gobiernos autonómicos donde la empresa tiene presencia. El dilema es defender un sector industrial con capital español y con centro de decisión en España, o dar pábulo a unos fondos con intereses desmesurados y cortoplacistas que solo persiguen sacar la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. Lo curioso es que la banca española, acreedora de Celsa, ha aceptado los términos de los acuerdos, cosa que no han hecho los fondos oportunistas y sin carácter industrial.

La economía española es muy sensible y no estamos para perder plumas en sectores estratégicos, y la SEPI, y evidentemente el Gobierno, deben ser sensibles a esta realidad. La SEPI ha reconocido el rol estratégico de Celsa y debe dar soporte a la empresa frente a los buitres que pretenden hacer negocio redondo aprovechándose del dinero público. Y lo que es peor, jugando con los intereses de la mayoría. Pedro Sánchez debe tomar cartas en el asunto en primera persona. Tiene el Consejo de Ministros la última palabra o en favor de la industria o de la especulación.