Macroeconomía

La crisis sepulta el triunfalismo de Calviño: del «somos el motor de Europa» al prepárense «para trimestres complicados»

La vicepresidenta acumula errores en sus cálculos y continuas contradicciones. Subestimó la inflación y ahora recula ante el tsunami que se cierne sobre España

Del «vamos a ser la economía europea que más crezca» a la advertencia a empresas y hogares para que se preparen «para unos trimestres complejos y complicados por la inflación».Nadia Calviño dixit. Como dice un viejo refrán castellano «donde dije digo, digo Diego». Hace apenas una semana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos declaraba impertérrita que «el crecimiento de España se está acelerando» en el segundo trimestre, a pesar del evidente parón provocado por un contexto de máxima incertidumbre. Nada que ver con sus palabras de hace apenas 48 horas: «Tenemos que prepararnos y trabajar con un escenario de inflación más persistente y elevado, en el que los próximos trimestres van a ser complicados». Así, de una orilla a otra, del blanco al negro, del bien al mal, la ministra de Economía ha protagonizado forzados cambios de postura.

Pero ahora, ¿qué le ha hecho cambiar? De primeras, las evidencias de los indicadores económicos, que ya reflejan la ralentización de la actividad económica.El cuadro macro del Gobierno marcado en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas establece un crecimiento económico para 2022 del 4,3%, con la previsión de que la recuperación de los niveles prepandemia llegará en el primer trimestre de 2023. Sin embargo, tras el primer semestre del año, la economía española ha mostrado los primeros síntomas de ahogamiento tras el frenazo en el consumo.

Según los últimos datos de Contabilidad Nacional publicados por el INE, el PIB desaceleró su crecimiento trimestral dos puntos entre enero y marzo – último dato oficial–, hasta situarlo en el 0,2%, una décima menos de lo esperado. Esto, sumado a las incertidumbres por la guerra y la presión inflacionaria, ha provocado que la ministra haya tenido que recoger velas y decidir si optar por ceñirse a la realidad que le rodea o seguir el camino de optimismo y avance económico que había mantenido hasta ahora.

Hace apenas dos semanas, la titular de Economía respondía con rotundidad a las declaraciones del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en las que no descartaba una posible «recesión en la zona euro». Ante esto, Calviño volvió a asegurar que prevé «un sólido crecimiento económico en España este año y el que viene» y negó la posibilidad de entrar en recesión y que en los próximos trimestres la evolución del PIB sea negativa. «Ahora mismo no estamos en ese contexto», ha vuelto a reconocer ahora, empecinada en resaltar que uno de los pilares actuales del crecimiento es el «excelente» comportamiento del mercado laboral, gracias «a la actividad económica y a la reforma laboral». Ayer mismo volvió a insistir en esta posición y aseguró que España mantiene un «fuerte crecimiento pese a las incertidumbres».

La falta de tino y de precisión en sus proyecciones y las equivocaciones constantes en sus vaticinios han mermado su credibilidad y han llevado a la ministra económica a tener que reconocer errores y a dar marcha atrás en muchas de sus decisiones. Así, los desaciertos se acumulan en el listado de esta legislatura: subestimó la escalada de precios y aseguró en abril que esta escalada alcanzaría «su pico en marzo» y que ya «iría desacelerándose en los próximos meses», hasta situarse en torno al 2% a final de año. El IPC cerró junio en el 10,2%, cifra récord desde los años 80, y la OCDE prevé un 8,1% de media para este año. En este sentido, Calviño ha obviado tomar medidas de control de la inflación desde que el IPC comenzara a dar las primeras señales de alerta –pese a que defiende que sus medidas han reducido el IPC en 3,5 puntos–; el 9 de marzo de 2020, aseguró que el impacto económico del coronavirus sería «poco significativo» para la economía nacional y, a continuación el PIB sufrió el mayor desplome de las economías desarrolladas, con una caída del 10,8%; sus desvíos en las previsiones económicas y en los cuadros macro son constantes –en abril de 2021 rebajó el crecimiento del PIB del 9,8% prometido al 6,5%, cifra que tampoco cumplió, y en 2022 ha pasado del 7% al 4,3%–; y el error definitivo se refleja en su famosa frase de «España será el motor de crecimiento de Europa» –ahora mismo, somos el único país de la zona euro que aún no ha recuperado el nivel de PIB prepandemia–.

Por tanto, solo ella mantiene las dudas sobre el parón de la actividad económica, a las puertas de la recesión, aunque al menos admite que los próximos meses van a ser «durísimos» para la mayoría de las familias y empresas españolas. El análisis de los datos macroeconómicos así lo refleja tras el tremendo impacto de la invasión de Ucrania. En el primer semestre recién finalizado, la vicepresidenta ha ignorado todos los avisos, señales y alarmas que analistas y expertos han lanzado para que el Gobierno tomara medidas que minimizaran el golpe económico que se atisbaba en el horizonte. Pero entrados ya en el periodo estival, el parón ya es un hecho: la recuperación, tras pasar lo peor de la pandemia, se ha parado, con los indicadores más significativos en retroceso y pese a los datos de empleo, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó esta semana como «formidables», obviando el evidente estancamiento en la contratación y en la calidad del empleo.

Al impacto de la guerra de Ucrania –llegó a decir que España sería «el país europeo menos expuesto» a la invasión rusa– y a la doble vertiente del incremento récord de la inflación por el subidón de los costes energéticos y de las materias primas –además de la presión sobre los mercados financieros–, se ha unido ahora el golpeo de la séptima ola del covid. Todo este caldo de cultivo ha propiciado que el crecimiento español y de la eurozona haya iniciado una «evidente ralentización», según ha reconocido la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde. Precisamente, el aviso de subida de tipos del BCE ha disparado el euribor a su mayor nivel en 10 años, encareciendo las hipotecas en 1.000 euros anuales y amenazando con llevar esa cifra hasta los 2.000 euros a final de año si prosigue su escalada. Sin embargo, la ministra señaló hace unos días que preveía un impacto «relativamente limitado» en el bolsillo de los hipotecados.

Hasta ahora, Calviño había hecho los mismos oídos sordos a estas señales que cuando se le pedía una revisión a la baja del PIB nacional. El FMI (4,8%), el Banco de España (4,5%) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (4,3%) rebajaron sus estimaciones para el PIB en 2022, mientras desde Economía se mantenía firme en su idea de mantener un crecimiento para este año del 7%, que se había negado a recortar reiteradamente hasta la actualización de previsiones que marca el ciclo económico –en abril con el Programa de Estabilidad, y en octubre, con el Plan Presupuestario–. El pasado mes de abril no tuvo más remedio que recoger velas y recortar drásticamente el crecimiento anual, al 4,3%.

Todos estos meses, Calviño se ha agarrado a los fondos europeos del Plan de Recuperación –que canalizará 140.000 millones hasta 2026– como tabla de salvación para mantenerse firme, aunque los 24.000 millones que tenía previsto movilizar durante el primer semestre del año se han quedado en casi nada. A Calviño le queda aún la carta de los préstamos vinculados a los fondos Next Generation EU, de los que España podría recibir hasta 70.000 millones. Pero estas cantidades no son gratis y acumularán más deuda a medio y largo plazo.

De esto ha alertado en repetidas ocasiones la Autoridad Fiscal. La última hace unas semanas en su informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025. La Airef alertó de las «vulnerabilidades» de las previsiones gubernamentales, entre las que destacó que el nivel de déficit estructural se situará en torno al 4% en 2025, seis décimas por encima del nivel previo a la pandemia. Además ve «muy comprometido» cumplir con el objetivo de reducir el déficit presupuestario «sin medidas adicionales», con un margen que es cada vez es más corto. Por tanto, avisó de que el estancamiento en la reducción del déficit supone «un freno en la disminución de la ratio de deuda», que en 2025 todavía se situará en el 108,8% del PIB. A partir de ese momento, si el déficit primario estructural se mantiene constante entre 1,5% y 2,5%, la Airef advierte de que la deuda iniciará una peligrosa senda ascendente, que la llevaría hasta el 140% en 2040 si el déficit estructural no se reduce drásticamente.

Pero, para Calviño, deuda y déficit «están bajo control» y ha negado por activa y por pasiva sentirse preocupada por la fuerte subida de intereses de la deuda española -tras el paso dado por el BCE de subir los tipos- ni por el posible regreso al ‘modo de vigilancia’ a nuestra economía por parte de Comisión Europea, que podría reactivar la amenaza de los hombres de negro. Hace apenas dos semanas, durante el curso de verano de la APIE y la Universidad Menéndez Pelayo, señaló que la volatilidad de la deuda no afectaría de lleno a la economía española porque el Tesoro ya tendría el 60% de sus necesidades de financiación cubiertas para este año y porque solo quedaría pendiente el 15% de las refinanciaciones previstas para 2022.

Sin embargo, la Airef no se lo cree y lanzó de nuevo una advertencia al Gobierno: el coste de los intereses de la deuda pública se habrá elevado en 2025 hasta 14.000 millones de euros más por el encarecimiento de la financiación, cifra que se sumaría a los 20.000 millones extras que ya actualizó en su último informe, por lo que sería de 34.000 millones la desviación acumulada en el trienio. Esta estimación se basa en una previsión de aumento de tres décimas del tipo implícito de la deuda, hasta el 2,3%, y de cuatro décimas de PIB de la carga financiera, hasta el 2,4%.

Según los datos del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó la cifra récord histórica de 1,453 billones, con unos números rojos que se han incrementado en 55.761 millones de euros durante el último año, lo que representa un repunte del 4%. Las cifras globales no dejan lugar a dudas. Durante la presente legislatura –en apenas tres años con Sánchez en la presidencia y Calviño al frente de las cuentas–, el Gobierno ha engordado la deuda del Estado en 229.000 millones; ha sumado 200 millones al día a los números rojos de la Administración Central; duplicado el déficit estructural en más de 50.000 millones anuales y pactado saltarse el techo de gasto para 2023 en otros 15.000 millones pese a las peticiones de Bruselas, del BCE o del Banco de España para que modere de inmediato la expansión de su deuda. En esos 229.000 millones acumulados en tres años constan 20.277 millones en 2019; 111.998 en 2020; 78.712 en 2021 y casi 20.000 millones hasta abril de este año. A estos números habría que sumar la financiación extra para sostener las deficitarias cuentas de la Seguridad Social, que mantiene un saldo negativo de 99.185 millones,

Ante estas cifras, la reducción del déficit prevista por el Gobierno se limita únicamente al aumento del crecimiento propiciado por el fin de las restricciones impuestas durante la pandemia, situación que puede ser inviable con la actual crisis económica propiciada por la guerra de Ucrania y el escenario inflacionario, por lo que el Gobierno ha optado de nuevo por aumentar el gasto y prorrogar las medidas del plan anticrisis. «Tenemos que prepararnos. Los próximos trimestres van a ser complicados». Ahora sí.