Agricultura
Bruselas acepta flexibilizar el barbecho en 2023
La medida afecta también a la rotación de cultivos. Se podrán sembrar 1,5 millones de hectáreas más en la Unión Europea
La Comisión Europea ha propuesto, finalmente, en línea con lo que solicitaban muchos estados miembros y también las organizaciones agrarias de la UE, derogar durante el año que viene las obligaciones relativas a la rotación de cultivos y al barbecho obligatorio. Con esta medida, que todavía debe ser aprobada, se podrán cultivar 1,5 millones de hectáreas adicionales en 2023, el primero de aplicación de la nueva PAC. No obstante, en esa superficie adicional no se permitirá sembrar cultivos destinados normalmente a la alimentación animal, como el maíz y la soja.
En la última reunión del Consejo Agrícola, que tuvo lugar el lunes de la semana pasada en Bruselas, un buen número de delegaciones insistió en la necesidad de adoptar esta decisión cuanto antes, para que los agricultores supieran a qué atenerse ya en septiembre, cuando planifiquen sus campañas de sementera de grandes cultivos.
El comisario de Agricultura se había mostrado partidario de la misma; sin embargo, Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión y encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Verde, así como otros comisarios, no lo tenían tan claro y se oponían a esta medida. Finalmente el órgano ejecutivo y burocrático de la UE presentará esta propuesta. El asunto no es un tema menor, porque flexibilizar las normas sobre rotación de cultivos y barbecho obligatorio supone ir contra uno de los pilares de la nueva PAC y pone en cuestión el reverdecimiento de la misma.
Durante la campaña también se suavizó la normativa vigente a raíz de la invasión de Ucrania y de las importantes subidas de los precios de los cereales y de las oleaginosas, incluidas algunas dificultades de abastecimiento, fenómenos que se registraron a continuación. Sin embargo, como se hizo durante la primavera, en España sólo ha tenido efectividad para aumentar las siembras de girasol.
Las organizaciones agrarias de la UE, incluidas las españolas, habían solicitado que esta decisión se adoptase rápidamente, porque, aunque las nuevas normas de la PAC no comienzan a aplicarse hasta 2023, sí que se ven afectadas por ellas las siembras de cereales que se realizarán a partir de finales de septiembre, por lo que era necesario que los agricultores tuviesen despejadas la mayor cantidad posible de incógnitas a la hora de planificar sus campañas.
Por otro lado, la semana pasada la Comisión Europea dio el visto bueno al Plan Estratégico de la PAC que había elaborado el ministro Planas y su equipo, y que no cuenta con el apoyo de una parte de las comunidades autónomas. También hizo lo mismo con los documentos remitidos por Francia, Portugal, Polonia y Dinamarca. En esa misma reunión del Consejo Agrícola tuvo lugar un debate sobre la propuesta presentada por Bruselas relativa al uso sostenible de productos fitosanitarios, que debería permitir una reducción de la utilización de los mismos de un 50% para el año 2030; este proyecto cuenta con poco apoyo en el Consejo y la mayoría de los ministros considera que va demasiado lejos en sus objetivos, no ofrece soluciones alternativas y, además, tampoco existe un informe sobre su impacto. Este asunto de la reducción de los pesticidas será uno de los que estén de actualidad durante el próximo curso de política agraria en la UE, que comenzará en septiembre.
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