El Gobierno aprueba un plan de ahorro de energía sin soluciones a largo plazo y con amenazas de sanción

Ribera avisa de que multará a las empresas que incumplan los topes de temperatura y da una semana de plazo para adaptarse. El PP critica que solo es «el plan Zapatero». El plan de transportes también tendrá multas de hasta 4.000 euros si se contrata a pérdidas

Teresa Ribera, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros
Teresa Ribera, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

El Gobierno no quería marcharse de vacaciones sin cerrar varios frentes abiertos, forzados por la actual crisis energética y agravados por la presión inflacionaria. Así, el Ejecutivo no ha tenido más remedio que aprobar una primera fase de un plan de ahorro energético, que en su despegue preliminar afectará únicamente a la eficiencia en edificios públicos, pero que en septiembre deberá ser ampliado a empresas y hogares.

En concreto, el decreto de medidas de ahorro energético extiende las normas de temperatura que ya se aplican en los organismos de la Administración a los transportes públicos, centros de trabajo, comercios, hoteles, grandes superficies y negocios de cara al público. Esta normativa establece que la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados. Las medidas, que estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023, son de carácter inmediato y de obligado cumplimiento, por lo que conllevarán sanciones, aunque no detalló su importe. Según explicó la ministra de de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este paquete ha sido consensuado entre los ministerios implicados y puesto en conocimiento del sector privado y de los grupos parlamentarios. Todas estas medidas tendrán que ponerse en práctica durante los próximos siete días.

Aunque Ribera agradeció a las asociaciones empresariales y a las empresas «su apoyo a este plan», no ha contado con el apoyo del principal partido de la oposición. El PP volvió a cargar contra un plan que «no tiene medidas de calado» para solventar la crisis energética. «Sánchez nos trae el mismo plan de Zapatero: quitar la corbata, bajar las temperaturas, reducir la velocidad en las carreteras», denunció el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que cargó contra la falta de previsión del Ejecutivo ante el probable corte del gas ruso anunciado por la Comisión Europea. «Cuanto menos, deberíamos estar preparándonos con medidas efectivas ante esa posibilidad». Así, ha puesto de ejemplo lo que están haciendo otros países, como Alemania, que «reactiva centrales térmicas», o Francia que está trabajando en la «construcción de mini centrales nucleares» para poder tener independencia energética.

En el mismo sentido, el economista y analista financiero Enrique Lacalle manifestó que «lo que el Gobierno debería hacer es buscar soluciones a largo plazo, encontrar otros proveedores de gas y petróleo, que los hay, como ya se hizo en la crisis del 73, y revalorar los planes de la transición energética. No hay que renunciar a las renovables, pero solo con ellas ahora mismo no es suficiente, hay que tener más opciones». También instó al Ejecutivo a que permita la explotación de los recursos naturales propios. «Se ha demostrado que no vale con explotar los de los demás».

La segunda gran medida aprobada ayer fue el nuevo real decreto ley que contiene la normativa para aplicar al sector del transporte los mismos principios que rigen la Ley de la cadena alimentaria, para garantizar que no trabajan a pérdidas, además de la activación de otro paquete de ayudas al sector por valor de 450 millones de euros. Esta medida, que debe garantizar los costes, exigirá que los contratos sean por escrito con el transportista que realiza el viaje y que reflejen el precio. También se exigirá en los contratos continuados que suscriben transportistas con empresas por un periodo de tiempo concreto.

Además, incluirá un régimen sancionador, con multas de hasta 4.000 euros, y un código de buenas prácticas sobre la subcontratación en el sector, con la idea de trasladarlo a una ley en el plazo de seis meses. En cuanto al nuevo paquete, replica las ayudas que fueron aprobadas a finales de marzo, con pagos directos de 1.200 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros para ambulancias, taxis y VTC. Como novedad, estas ayudas van a incluir también a los autobuses urbanos, los camiones de mudanzas y los taxis de Ceuta y Melilla.