Enrique Sanz Fernández-Lomana: «Con Escrivá hemos perdido mucho ahorro en apenas dos años»

Otra forma de afrontar la jubilación es posible. Los abogados pueden escoger cómo garantizar su pensión tras el retiro laboral. Una alternativa es recurrir a las mutualidades. El presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, explica a LA RAZÓN las claves de esta modalidad de ahorro para la jubilación y aborda los retos del sistema público de pensiones.

¿Qué es la Mutualidad de la Abogacía?

La Mutualidad de la Abogacía es una entidad de previsión fundada en 1948 que gestiona y cuida de los ahorros de los abogados para la jubilación, pero también alcanza a todas las profesiones del Derecho, a los familiares de los mutualistas y a los empleados de los despachos de abogados. Nuestra actividad se compone de pura previsión social, puro ahorro para la jubilación, y también de otros productos de ahorro más puntual. De esta manera, acompañamos a nuestros mutualistas a lo largo de toda su vida. Actualmente, contamos con cerca de 210.000 mutualistas que confían su dinero a nuestra entidad y en 2021 aumentamos el volumen de ahorro gestionado hasta superar los 9.018 millones de euros.

¿Han notado un incremento del ahorro de los mutualistas desde el estallido de la pandemia y en el contexto actual marcado por la guerra en Ucrania?

El ahorro creció, pero no en aportaciones a productos estables. Fue un ahorro líquido. En este sentido, el crecimiento del ahorro no fue parangonable con el crecimiento en primas de seguros de vida. Este año el crecimiento de la Mutualidad de la Abogacía está por encima del 11% en primas. Y el crecimiento del grupo, que componen la Mutualidad y la compañía de seguros Avanza Previsión, se sitúa por encima del 17%. Por otra parte, el volumen de ahorro aumentó un 6,5% en 2021 respecto a 2020 y se situó en 9.018 millones. En este momento, ya hemos podido recuperar el ritmo de crecimiento previo a la pandemia.

¿Hay productos que se han resentido?

Se ha reducido evidentemente el ahorro de los fondos de pensiones en la medida en que el límite de aportaciones con deducción fiscal se redujo de 8.000 euros en 2020, a 2.000 en 2021 y a 1.500 en 2022. Sin embargo, en nuestro global, el crecimiento está siendo homogéneo en el resto de productos.

¿Qué problemas detecta en el sistema público de pensiones que pongan en riesgo su sostenibilidad a largo plazo?

El problema principal del sistema de pensiones es la insuficiencia de la recaudación y la medida del Gobierno de indexar las pensiones al IPC no va a ayudar. Nosotros tenemos un sistema diametralmente distinto. El sistema público es de reparto y el nuestro es de capitalización individual. Tenemos que conseguir que los abogados sean capaces de ahorrar lo suficiente durante su vida activa para que cuando lleguen a la jubilación tengan recursos para mantener una vida similar a la que han tenido durante la etapa de trabajo. Para ello, nuestros mutualistas alternativos, es decir, quienes tienen la mutualidad como sistema alternativo al público, deben realizar una serie de aportaciones para generar ese ahorro, pero también tenemos ahorro complementario. Entendemos que los recursos que se obtengan al llegar a la jubilación deben provenir del primer pilar, ya sea público o el nuestro alternativo, pero tiene que contribuir fuertemente el ahorro complementario, individual y a través de los planes de empleo.

¿La apuesta del ministro Escrivá por los planes de empleo es acertada?

La apuesta que ha hecho el Gobierno por los planes de empleo va por el buen camino, pero somos muy críticos con la reducción que se ha hecho con el ahorro individual. No entendemos que se hayan potenciado los planes de empleo a costa de los individuales. Además, desde el punto de vista de los autónomos han sido demasiado tímidos a la hora de establecer las deducciones de los planes de empleo, que se han quedado en 4.250 euros, la mitad de lo que puede generarse en los trabajadores por cuenta ajena. En 2020, un autónomo tenía la posibilidad de aportar 8.000 euros a planes de pensiones y ahora esa cantidad se ha reducido a 1.500 euros más 4.250 euros a planes de empleo. Con Escrivá hemos perdido mucha capacidad de ahorro previsional en apenas dos años.

¿Qué medidas son necesarias?

Nosotros hemos apostado desde el primer momento por fomentar la cultura ahorro. Lo lógico sería que desde el Estado se potencie el ahorro complementario, ya que es complejo incrementar los recursos de la Seguridad Social. Como ocurre en otros países de nuestro entorno, el objetivo debería ser que la parte pública suponga el 50% de la pensión, los planes de empleo un 30% y un 20% venga del ahorro individual. Para tener una jubilación digna y suficiente la única posibilidad que hay para lograrlo es incrementar el ahorro durante la etapa laboral. Para ello necesitamos incentivos fiscales y, desde luego, un tratamiento fiscal más justo para el ahorro previsional.