La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para limitar los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra no termina de cuajar, ni para el Gobierno, ni para agricultores, productores y distribuidores -que han mostrado con claridad su rechazo, ni tampoco convence del todo a los consumidores, que han recibido con escepticismo la medida. Por tanto, todos sectores de la cadena agroalimentaria ven pegas a una proposición que creen es “intervencionista”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha vuelto a incidir en la idea de promover un pacto para fijar precios máximos en unos veinte o treinta productos básicos lanzada esta semana y aseguró que el Gobierno ya está “estudiando medidas que son legales” en ese ámbito. “El presidente del Gobierno está volcado en bajar la inflación” y bajar el precio de la cesta de la compra sería un paso importante para ello, reconoció la ministra.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no quiso mojarse y en su habitual tono de nadar y guardar la ropa ha apuntado que van “explorar vías para hacer propuestas” que sean útiles a las familias y que tengan “efecto inmediato”, aunque en ningún momento confirmó que una de estas vías sea intervenir el mercado alimentario.

Pero aprobar una medida que tope el precio máximo de un alimento no va a ser fácil y para muestra un botón. Todos los sectores de la cadena alimentaria han mostrado su discrepancia o directamente su rechazo generalizado. Empezando por los productores. Los agricultores no comparten el intervencionismo del mercado y tachan la proposición de “caprichos y egoísmos personales”. Así lo denuncia el presidente de Asaja, Pedro Barato, que advierte de que si sale adelante “van a hacer peligrar los cimientos de un sector tan importante como es el agrario” porque este tipo de medida acabará por “castigar al que más sufre los precios percibidos por los productos” agrícolas, esto es, a los agricultores y ganaderos.

Para COAG, el agricultor acabaría pagando la factura de una iniciativa de este tipo porque es “el eslabón más débil de la cadena”, por lo que ha defendido la adopción de medidas económicas de carácter redistributivo para ayudar a las familias que lo necesiten. Aunque ha mostrado su coincidencia con el Gobierno en la preocupación de asegurar alimentos básicos a precios asequibles, ha asegurado en declaraciones a Efe que lo que hay que hacer es “atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria” mediante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y no con topando lo precios.

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha exigido a Díaz que de lo que debería “debería preocuparse este Gobierno es de que se cumpla la ley de la cadena” y que se pague a los agricultores de forma justa “al menos por los costes de producción”. En la línea de COAG, ha apoyado el “control de la especulación”, para que no haya un aumento “disparatado” de precios entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. También ha pedido analizar el impacto que tendría sobre la cadena alimentaria un pacto de precios sobre alimentos básicos.

Estas organizaciones denuncian la diferencia del precio de los alimentos desde su origen en el campo hasta el consumidor en un 283% en agosto, con frutas y hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias como los que productos en los que más se ha elevado, todos por encima del 500%. “Esto es lo que hay que solucionar, no medidas políticas. Que se aplique la ley y no se haga la vista gorda”, denuncian.

En el caso de los distribuidores, la respuesta al tope a los precios ha sido similar, pero con matices. Su patronal, Aecoc, ha defendido en Efe que la cadena de valor del gran consumo lleva “mucho tiempo” conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores y que la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación. A diferencia de lo propuesto por Díaz, los distribuidores apuestan por aplicar rebajas en el IVA de los alimentos y “a no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector” porque el incremento de los precios es consecuencia directa del aumento de otros costes esenciales como los energéticos, de materias primas y de transporte.

En el mismo sentido, desde la patronal de las grandes superficies, Asedas, su director general, Ignacio García Magarzo, se ha mostrado “abierto al diálogo” con la Administración, siempre que se base en datos “ciertos y reales”, y se respete el límite del derecho de la competencia. En línea con Aecoc ha insistido en la bajada del IVA en algunos alimentos, algo que el Gobierno ya ha reconocido que no baraja.

Por su parte, las asociaciones consumidores ven factible aplicar una medida “extraordinaria” de este tipo, pero con vistas a reducir la especulación, como se ha hecho con las mascarillas, las comisiones bancarias o el tope al gas, para evitar “el aumento injustificado sus márgenes de beneficio”, explican desde Facua, pero ven complicada su aplicación y su legalidad.