Díaz avanza la subida del SMI y pide a los empresarios y sindicatos que pacten ya un alza salarial

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido hoy avanzar en el pacto de rentas entre empresarios y sindicatos, estancado desde la primavera, para que se produzcan alzas salariales que mitiguen la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados españoles. En este sentido, Díaz -que destacado la recuperación de los derechos de los trabajadores desde su última comparecencia el 2 de junio pasado en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, en referencia al pleno reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar- ha remarcado que “el incremento salarial pactado por convenio es del 2,6%, mientras que la inflación de agosto es del 10,5%”.

“El aumento de los precios en España se da por un problema de oferta y no de exceso de demanda. Esto requiere que tomemos soluciones diferentes. Los salarios no son los culpables de la inflación sino las víctimas. En España, los salarios pierden más que en el resto de Europa”. En su intervención inicial ante la Comisión de Trabajo, la vicepresidenta laboral ha recordado que la pérdida de capacidad adquisitiva en España, según la OCDE, es del 4,5%: “La mayor caída y muy superior del 2,6% de Alemania o del 3,1% de Italia”. Precisamente, la OCDE acaba de recortar siete décimas la previsión de crecimiento de España para 2023, dejando el avance del PIB en el 1,5%.

“Debemos tomar medidas. SI esta pérdida de poder adquisitivo se prolonga tendrá efectos sobre la economía y el crecimiento del PIB. Veremos una reducción del consumo y de la demanda interna. Este sí será el efecto de segunda ronda”. Para ello, primero ha pedido atajar la inflación y, en segundo lugar, ha demandado que los empresarios y sindicatos “se sienten en la mesa de negociación de la ANC y alcancen un acuerdo”. En este sentido, ha afeado que los agentes sociales “se levantaron de la mesa el pasado 5 de mayo y necesitamos que se pongan de acuerdo y se den la mano. Fueron ejemplares en pandemia y ahora pedimos un acuerdo que permita mantener el poder adquisitivo. Un acuerdo estratégico que permita la estabilidad a nuestro país”.

Sobre las actuaciones de su departamento para mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, Díaz ha reiterado que en 2023 el SMI va a volver a subir, tras el alza acumulada del 36%. “Vamos a dar solución a la pérdida de poder adquisitivo. Convocaremos a los agentes sociales en diciembre, cuando conozcamos el dato final de IPC, para lograr un acuerdo sobre el SMI. Asimismo, ha indicado que, para evitar suspicacias sobre el impacto en el mercado laboral de estas subidas, la comisión de expertos “tiene la misión de evaluar este impacto de las subidas del SMI”.

Reforma empresarial

Díaz también ha anunciado que, tras la reforma laboral, ha llegado la hora de abordar “la reforma de la estructura empresarial” para aumentar la proactividad y crear más y mejor empleo. “Ahora toca una estrategia integral para aumentar la productividad. Hacen falta recursos públicos y también privados para crear empresas de mayor tamaño e internacionalizadas. Con mayor vinculación a la universidad y a los centros de investigación. Queremos empresas más grandes abiertas a los trabajadores y su participación en las mismas”, ha dicho. Díaz ha anunciado que ha solicitado a la OCDE un análisis sobre cómo abordar esta reforma empresarial.

Díaz ha aprovechado su comparecencia para pedir al PP que retire su recurso sobre su reforma laboral ante el Constitucional. Tras destacar los resultados en la caída de la temporalidad y el aumento de la ocupación, Díaz ha anunciado que su departamento vigila de cerca la utilización del contrato fijo-discontinuo en determinados sectores. A este respecto, ha avanzado los datos de las inspecciones realizadas antes de la reforma laboral, donde casi el 50% del uso de los contratos fijos-discontinuos era irregular, y anunciado que se investigará la utilización de la parcialidad laboral. “Antes de la reforma, 14.601 empresas fueron detectadas con situaciones irregulares a este respecto”, ha dicho. “Actualmente, hay 290.000 trabajadores afectados por la parcialidad no deseada”.

La Fiscalía, contra las empresas “rebeldes” a la ley rider

También ha anunciado que instará a la Fiscalía del Estado para que investigue si se están vulnerando los derechos de los trabajadores en el cumplimiento de la “ley rider”. “La ley está funcionando y la gran mayoría de las empresas están cumpliendo. Quien no lo haga sentirá todo el peso de la ley y se investigará si hay situaciones penales ante esta rebelión”.