La UE pacta un recorte obligatorio del 5% del consumo eléctrico y confirma el impuesto a los ingresos de las energéticas

Los ministros de Energía de los Veintisiete han llegado este viernes a un acuerdo con el que pretenden hacer frente al chantaje energético ruso. Este pacto político consta de tres patas: un plan de reducción del consumo eléctrico; un tope del precio de 180 euros/MWH de las denominadas energías inframarginales (nucleares, renovables y lignito) y una tasa solidaria de las fuentes contaminantes como petroleras, carbón y gasistas. Estas dos últimas medidas pretenden recaudar un total de 140.000 millones de euros que las autoridades nacionales pueden emplear en auxiliar a los más vulnerables que no pueden hacer frente al aumento exorbitante de la energía o al despliegue de las energías renovables.

En cuanto a la primera medida, las capitales europeas han pactado una reducción de la factura de electricidad del 10% que se vuelve obligatoria en un 5% para las horas de mayor consumo. Este plan temporal estará vigente desde el 1 de diciembre de 2022 hasta finales de marzo de 2023.

Además, las fuentes de energía inframarginales, que producen electricidad a un precio menor que el gas y que están teniendo beneficios extraordinarios debido al modelo de fijación de precios, no podrán establecer en las subastas mayoristas un precio superior a lo 180 euros/MWh. Esto significa que la diferencia entre el precio del mercado y este tope será recaudado por las autoridades nacionales. Aunque a España este límite le parece excesivamente alto, el acuerdo alcanzado da suficiente flexibilidad a los Estados para imponer un tope de precios más bajo o incluir a más fuentes de energía. Fuentes diplomáticas españolas explican que, en el caso de España, la UE permitirá mantener la denominada excepción ibérica que ya ponía un límite al precio de gas en las subastas mayoristas, lo que permitía también abaratar el precio del resto de las fuentes de energía.

Asimismo, el acuerdo alcanzado hoy también fija una contribución solidaria para las empresas energéticas más contaminantes de un 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. España está tramitando su propia tasa y Bruselas permitirá la vigencia de los instrumentos nacionales siempre que sean compatibles con este acuerdo europeo.