El Gobierno pacta la subida salarial de los funcionarios solo con los sindicatos afines

No habrá fumata blanca en la firma del nuevo convenio salarial para los funcionarios. Al Gobierno se le ha colado otra piedra en el zapato de los Presupuestos Generales del próximo año, y no precisamente la de Podemos, su díscolo socio de Gobierno. CSIF ha decidido no respaldar la propuesta de una subida salarial del 7,5% hasta 2024 por ser «insuficiente» e «injusta». De este modo, el Gobierno no ha podido cerrar el acuerdo con el sindicato mayoritario de la Administración General y deja cojo el plan bianual presentado por Hacienda, que contará solo con el apoyo de UGT y CC OO, los sindicatos afines a ambos partidos del Gobierno.

El Ejecutivo tienen la intención de aprobar, previsiblemente hoy, en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 –aunque al cierre de esta edición socialistas y morados continuaban negociando contra reloj los «muchos flecos» que quedan pendientes–. Por ello, necesitaba cerrar ayer un acuerdo definitivo sobre la subida salarial de los empleados públicos para los dos próximos años, con el objetivo de incluirlo ya en las nuevas Cuentas de 2023. Pero el «no» de la organización sindical con mayor representación ha descuadrado sus planes, que contaba con una rúbrica unánime al incremento del 7,5% hasta 2024.

Los representantes de CSIF han decidido descolgarse del acuerdo por ser «insuficiente» y por estar basado en una nueva «pérdida de poder adquisitivo» de los funcionarios. Según su argumentación, la propuesta es «precaria» y supone un «desprecio» a la plantilla pública. «El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos». Según denuncian, esta subida en tres años –si se incluye 2022– «no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de 2022 y se volverían a perder 5,5 puntos de poder adquisitivo de salida. No podemos permitirlo».

La oferta presentada por Hacienda contempla una subida del 7,5% repartido entre 2022 y 2024, que se elevaría hasta el el 9,5% si se suma el 2% que los sueldos públicos ya han subido este año. El desglose de ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio. Para 2023, el Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, que contemplan un 0,5% vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%. Finalmente, para 2024, los funcionarios, según esta propuesta, recibirían una subida del 2%, fija, más un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

Para CSIF, el Gobierno ha fallado «en el fondo y las formas» y denuncia que hasta ayer mismo «ni siquiera nos habían presentado ningún documento oficial». También criticaron que varias de las cuestiones que se recogen en el borrador ya deberían estar implantadas como normativa de carácter básico, como la jornada de 35 horas o el teletrabajo.

No ven tantos problemas los dos sindicatos que sí han dado su apoyo a la propuesta. Desde UGT explicaron que «apoyamos este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad», para que unos tres millones de empleados públicos «puedan paliar el efecto de la inflación en su economía».

Menos entusiasta fue el apoyo de CC OO, que dejó claro que su apoyo está condicionado a una «correcta relación detallada de lo acordado en otras materias que acompañan al salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes» sufridos durante los últimos años. Pese a su apoyo, CC OO insiste en que la subida salarial sigue «siendo insuficiente».

El presidente de CSIF, Miguel Borra, advirtió con contundencia que ya están estudiando movilizaciones y que no se descartan «otro tipo» de acciones de mayor calado, entre las que estaría la posibilidad de una convocatoria de huelga en el sector público.