CSIF rechaza la oferta de subida salarial a los funcionarios: “El Gobierno da excusas de mal pagador y traiciona su palabra”

El sindicato mayoritario de la función pública no ha rubricado la subida del 7,5% repartido entre 2022 y 2024 porque “los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 20%″

No habrá fumata blanca sobre la subida salarial de los funcionarios. CSIF ha rechazado la propuesta de una subida salarial del 7,5% hasta 2024 por “ser insuficiente”. De este modo, el Gobierno no ha podido cerrar el acuerdo con el sindicato mayoritario de la función pública, que deja cojo el plan salarial bianual presentado por Hacienda, que cuenta solo con el apoyo de CC OO y UGT.

CSIF ha argumentado su rechazo porque esta “precaria” subida salarial supone un “desprecio” a la labor de los empleados públicos. “El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia”.

La oferta presentada contempla una subida del 7,5% repartido entre 2022 y 2024, que se elevaría hasta el el 9,5% si se suma el 2% que los sueldos públicos ya han subido este año. El desglose de ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio. Para 2023, el Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, que contemplan un 0,5% vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%. Finalmente, para 2024, los funcionarios, según esta propuesta, recibirían una subida del 2%, fija, más un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

Para esta organización sindical, el Gobierno ha fallado “en el fondo y las formas” ya que hasta hoy “no nos habían presentado ningún documento”. CSIF critica que varias de las cuestiones que se recogen en el borrador ya deberían estar implantadas como normativa de carácter básico, como la jornada de 35 horas, “a lo que se ha negado la Administración reiteradamente”; o el teletrabajo, “pendiente desde 2021 o medidas que van dos años con retraso en materia de Igualdad”, como la implantación del III Plan de Igualdad o el protocolo por acoso sexual.

CSIF ha anunciado que seguirá batallando para que se lleven a cabo otra serie de medidas prioritarias “fundamentales y que deben cumplirse”. Tal es el caso de la derogación decreto ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras; la supresión de las reglas de contención de gasto para que las autonomías puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro; la habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre los empleados públicos; el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa; la supresión de la tasa de reposición; la modificación de la promoción interna flexibilizando la misma y la regulación con carácter excepcional del concurso de méritos; la movilidad voluntaria como mecanismo prioritario de provisión de puestos de trabajo y el incremento de financiación a las mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.