La subida del 8,5% en las pensiones se “come” 15.300 millones extra de los Presupuestos

El PIB crecerá el año que viene menos de la mitad que este año –del 4,4% al 2,1%– y no volverá a niveles prepandemia hasta el segundo semestre de 2023; la deuda no bajará del 109% ni en 2025; el déficit se atascará este año en el 5%, aunque pretenden bajarlo al 3,9% gracias al efecto de la inflación en 2023, y la tasa de paro seguirá en el entorno del 12%. Con estos delicados mimbres, el Gobierno de PSOE y Podemos ha cerrado para 2023 los Presupuestos Generales del Estado «más expansivos de la democracia española» –dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su presentación–, con un techo de gasto de más de 198.000 millones de euros, el mayor de la historia. Fía su suerte el Ejecutivo en estas cuentas con una expansión sin precedentes del gasto a la previsión de una mejora récord de los ingresos. Y ha hecho su apuesta pese a haber revisado a la baja la previsión de crecimiento económico para 2023, hasta el 2,1% –seis décimas menos– y haber elevado su estimación del llamado deflactor del consumo privado –indicador similar al IPC–, hasta el 4,1%. Por tanto, se juega todo su proyecto social a una histórica entrada de ingresos.

En las cuentas presentadas se consignan unos ingresos no financieros de 307.445 millones, un 6% más, con una recaudación tributaria récord de 262.781 millones, un 7,7% más, y un fuerte crecimiento de las entradas por IRPF (7,7%) –por la mayor presión a las clases medias–, el impuesto de Sociedades (7,7%) –empujado por los nuevos gravámenes– y el IVA (5,9%) –gracias al impulso otorgado la inflación, no por el aumento del consumo–.

Este incremento sustancial de los ingresos tiene también que ver directamente con el nuevo paquete fiscal anunciado por Montero la semana pasada, que incluye el nuevo impuesto a las grandes fortunas, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros y la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Durante toda la rueda de prensa, la ministra de Hacienda quiso dejar clara la motivación social de estas nuevas cuentas públicas –lo repitió con insistencia una docena de veces–, con un gasto nunca visto en este apartado, que detalló en el refuerzo de la sanidad –especialmente la atención primaria, destacó–, la educación, la dependencia, las becas y las familias, a las que se apoyará con el despliegue de una Ley de Familias, que incluirá nuevas prestaciones por valor de 22.300 millones.

Para afrontar este gasto, el Gobierno ha consignado una partida de 266.719 millones –un 10% más y la más alta de la historia–, por lo que seis de cada diez euros presupuestados irán destinados a afrontar la «factura social», incluidas las pensiones. Solo en este apartado, destinará 190.687 millones, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido a su actualización de acuerdo con el IPC, que Montero estima en un alza «en el entorno del 8,5%», aunque especificó que el dato definitivo se derivará del dato de inflación con el que cierre noviembre. En dinero contante y sonante, ese 8,5% se «comería» 15.300 millones de los Presupuestos. Esta dotación servirá tanto para sufragar el aumento del número de pensionistas como la propia revalorización con el IPC, pero no para engordar la hucha de las pensiones. Para ello, las cuentas deberán realizar una aportación extraordinaria al Fondo de Reserva de 2.957 millones, procedentes del recién creado mecanismo de equidad intergeneracional. No obstante, esta cifra sólo da para pagar ocho días de pensiones. Además, el Estado elevará las transferencias corrientes a la Seguridad Social en 2.540 millones para cubrir el agujero de la subida de las pensiones contributivas, no contributivas y las de la prestación para el cuidado del menor.

La otra gran partida en prestaciones se dirige hacia el mercado laboral: 21.278 millones de euros para cubrir el desempleo, un 5,3% menos que en 2022. El importe destinado al fomento del empleo pasa de los 7.648 millones de 2022 a los 8.029 millones de euros para 2023, un 8,9% más. Del monto de este año, 586 millones de euros proceden de los fondos europeos y 7.743 millones de los recursos nacionales. Dentro las actuaciones de protección y promoción social, la única partida que cae es la dedicada al desempleo.

Otras partidas que crecen en su presupuesto se refieren al gasto en personal –un 6,6%–, ya que Hacienda ha incluido ya la subida salarial de los empleados públicos, del 2,5% fijo y 1% variable.

Con estas cuentas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, insistió en que España mantendrá este año y el siguiente unos «niveles de crecimiento superiores a la media de la zona euro y los principales países desarrollados», en línea con las estimaciones de los principales organismos nacionales e internacionales. También negó que haya síntomas de desaceleración económica, con lo que justificó así la subida de una décima en la previsión de crecimiento para este año, al 4,4%, pese al recorte de seis décimas el año que viene, hasta el 2,1%. En cuanto a la deuda, Calviño explicó que seguirá la senda descendente iniciada tras la pandemia gracias al crecimiento económico y la reducción del déficit público. En concreto, se situará en el 112,4% del PIB. La previsión del crecimiento del empleo varía solo dos décimas (baja del 0,8% al 0,6%), mientras que la de la tasa de paro seguirá en el entorno del 12% –un 11,7% prevé el Ministerio a final de 2023–, con el pronóstico de alcanzar 21 millones de personas ocupadas.