La pobreza de los trabajadores en España sigue al alza pese a las subidas del SMI

Los salarios de los trabajadores españoles siguen depreciándose a marchas agigantadas, agravando el riesgo de pobreza incluso entre quienes disponen de un empleo. Aunque desde 2015 el porcentaje de trabajadores españoles en riesgo de pobreza ha oscilado sobre el 15%, siempre se ha detectado un leve incremento en el porcentaje más agudizado si se compara con la media de la Unión Europea, ya que la diferencia de España respecto a la media de los estados miembros no ha hecho sino ensancharse.

Ante esta situación, el estudio «Gasto de supervivencia de las familias» realizado por los Gestores Administrativos remarca que «no parece que las últimas subidas del SMI hayan influido demasiado en esta situación» por lo que apuestan por rebajas impositivas como la mejor receta para revertir esta situación.

Según el texto, el aumento del SMI, su cuantía y sus efectos en la actividad no puede aislarse de la coyuntura económica. «Muchos expertos advierten de que el efecto positivo de una subida del SMI es a corto plazo, ya que el incremento del salario (SMI) acaba por trasladarse a los precios generando una espiral de inflación, con lo que pueden acabar perdiendo el poder adquisitivo que habrían ganado en un primer momento. En España, en comparación con la UE, el aumento de precios se ha situado en el sector de la vivienda/suministros y la alimentación. Según el INE, la tasa de variación anual ha incrementado respectivamente un 24,8% y un 13,8% en agosto de 2022 respecto al 2021», remarca el informe.

«Esta subida descontrolada de los precios ha incrementado la pérdida de capacidad adquisitiva del trabajador medio español», prosigue. De hecho, el análisis de los gestores administrativos concluye asegurando que el SMI «dista mucho de garantizar una situación alejada del umbral de pobreza, siendo el lugar de residencia lo que acaba determinando su capacidad económica».

Por tanto, proponen actuar sobre los gastos ligados a la vivienda (alquiler o hipoteca) junto con los costes de alimentación, que representan más del 50% del gasto mensual de las familias. «Ante la imposibilidad constitucional y europea de topar los precios por el principio de libre competencia (que debe siempre salvaguardarse), la forma más directa de reducir dichos costes pasa por reducir la fiscalidad, bien reduciendo los impuestos ligados a la vivienda (IVA e ITP), bien introduciendo deducciones en el IRPF por la compra de vivienda o alquiler de la vivienda», concluyen.