La automoción española, en peligro por la burocracia y las exigencias del Perte

Las manecillas del reloj del Perte VEC corren inexorables para todas las compañías de automoción implantadas en España, que veían el Proyecto Estratégico para el Vehículo Eléctrico como una solución a sus problemas de inversión. Pero el retraso en su desarrollo y las exigencias burocráticas pueden convertirlo en un plan fallido. Las compañías involucradas tienen de plazo hasta el 9 de noviembre para decidir si aceptan o no las ayudas adjudicadas. Una premura que ha sido criticada con dureza por las empresas, que ven los márgenes demasiado ajustados.

Un problema que se suma a la obligación de presentar en el plazo de 15 días desde la publicación de la resolución definitiva los avales necesarios para afrontar su proyecto, es decir, el 16 de noviembre. Según detalla el Ministerio de Industria en las condiciones de proposición publicadas en su web, «la no presentación del resguardo de constitución de garantías válido, en plazo y por el importe exigido para cualquier modalidad de ayuda en cualquier proyecto primario supondrá la consideración del proyecto primario afectado como desestimado».

Esta es una de las razones –pero no la única– por las que Ford anunció su rechazo a los 106 millones de euros que le habían sido adjudicados en un primer momento, debido a que no podía cumplir con los plazos exigidos por el Gobierno para desarrollar su proyecto ni con los requerimientos legales del proyecto.

Otro de los proyectos estrella, el que capitanea Volkswagen junto a un consorcio internacional de medio centenar de empresas para construir una gigafactoría de baterías en Sagunto, también está en el alero. A este proyecto se le han concedido 397 millones de euros en ayudas, sin embargo, el montante financiable de la propuesta presentada ascendía a 1.037 millones, una diferencia que no ha satisfecho al consorcio alemán, que ha puesto el proyecto en suspenso al declarar «insuficiente» la cuantía de los fondos asignados, que ya renegocia con el Ejecutivo y con el gobierno valenciano para «buscar soluciones» y que sean aumentados. De no quedar satisfecho, el proyecto también sería cancelado y renunciarían a su ejecución pese a haberle aumentado el montante final.

En un primer paquete del Perte VEC, el Ejecutivo ha adjudicado ayudas por importe de 877,22 millones de euros a un total de diez propuestas empresariales -solo excluyó dos del reparto de los fondos-. En total, este plan contaba con un presupuesto inicial de 2.975 millones, de los que en el primer paquete adjudicó solo un 29%. En total, y si todos los proyectos aceptan las ayudas, el Gobierno movilizará inversiones por un importe de 2.252 millones -tras restarle los 600 millones repartidos en resolución provisional publicada en agosto- apenas el 19% del objetivo de 11.900 millones previstos inicialmente.