Escrivá quiere ampliar el cálculo de la pensión a 30 años desde 2027 y que sea progresivo hasta 2038

La aprobación de la segunda fase de la reforma de las pensiones continúa en el aire, sin acuerdo y con Gobierno y agentes sociales (patronal y sindicatos) muy lejos de los planteamientos presentados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que pretende sellar antes de final de año los dos hitos que quedan pendientes para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación y cumplir con las exigencias de Bruselas. Sin embargo, patronal y sindicatos no comparten este optimismo ministerial.

Los dos agentes sociales han expresado su rechazo frontal a ampliar el periodo de cálculo de la pensión, aunque por razones distintas. Mientras los sindicatos alegan que “no hay necesidad” de hacer algo así y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación, los empresarios estarían dispuestos a alargarlo aún más, a toda la carrera profesional, pero con matices, o dejarlo como está. Eso sí, ambos defienden que no es una recomendación del Pacto de Toledo, por lo que no debería abordarse en esta reforma. Con lo que sí están de acuerdo los dos sindicatos, tanto CC OO como UGT, es con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad.

Durante la reunión de ayer, el Ministerio detalló las cifras concretas del impacto el cálculo de la pensión con los mejores 28 años de cotización –del total de 30 años tras eliminar los dos peores–. El borrador especifica que la ampliación de este cálculo sería progresiva y se activaría desde 2027 y hasta 2038. Durante esos 12 años, se ampliaría a razón de cinco meses por año, de los que computarían los tres mejores, eliminándose de oficio las bases de cotización de menor importe. De este modo, en 2027 se empezaría con 25 años y cinco meses; en 2030 serían 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría el máximo de 30 años, pero la pensión se calcularía sobre 28 años de cotización tras el descarte.

Asimismo, en el documento se plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Así, entre esos 25 años, se propone que sean los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción, que se elevaría entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima -IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre-, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas. A partir de 2050, se debería volver a negociar el aumento adicional hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%.

La patronal sigue sin verlo claro y advierten que el modelo que propone Escrivá “no es sostenible y carga contra las empresas, a las que hace perder competitividad”. En este sentido, los empresarios han detallado que cada punto que se suben las pensiones por el IPC supone 1.500 millones, lo que costará unos 15.000 millones, que se sumarán a otros 3.000 millones por el efecto de la jubilación de la llamada generación del baby boom. “No compartimos ni la premura ni el modelo, porque no se sostiene en el tiempo”.

Los sindicatos tampoco se muestran proclives a dar su apoyo “según está el planteamiento ahora mismo. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, volvió a rechazar de plano aumentar a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, medida sobre “la que no estamos ni por la labor de negociar”, porque no es “necesaria ni cuenta con apoyo parlamentario suficiente para salir adelante. Para el líder sindical, lo importante es “mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social”. De hecho, señaló que “la mayor parte de las medidas que están en la mesa son positivas y esperamos alcanzar un acuerdo” en cuestiones como el destope de las bases máximas, sobre pensiones mínimas o sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI ), “que va a haber que alargarlo hasta mediados de siglo”.

El secretario de Estado, Borja Suárez, ha advertido a los sindicatos que la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años “no nos lo hemos sacado de la manga”, pues se trata de un compromiso adquirido con Bruselas. “Estamos trabajando para llegar a un acuerdo con los agentes sociales sobre materias que están claramente identificadas en el Plan de Recuperación. No hemos improvisado nada”.