La nueva ley de industria prohibirá despidos masivos sin justificación previa ante el Gobierno

Luz verde a la nueva ley de industria, que amplía la capacidad de Gobierno para intervenir sobre el empleo y los cierres de las empresas, además rubricar unas sanciones que pueden llegar hasta los 100 millones de euros para las infracciones más graves. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de la industria, que obligará a las empresas a comunicar y justificar oficialmente al Gobierno cierres empresariales o despidos masivos, así como la prohibición de poner fin a la actividad durante un mínimo espacio tiempo si se han recibido ayudas públicas.

Este anteproyecto actualiza el actual marco normativo, en vigor desde hace tres décadas, para responder a “las necesidades y los grandes retos de las actividades industriales en España”, ha reconocido la ministra del ramo, Reyes Maroto tres el Consejo. La ley, que lleva desde finales de abril en proceso de consulta pública con los agentes sociales y las organizaciones representativas del sector, ha perfilado un texto “que potencia la autonomía industrial de España y contribuye a un crecimiento más sostenible y digital”, además de determinar y ampliar las obligaciones a cumplir por parte de las empresas y las prohibiciones e infracciones a respetar.

De este modo, el nuevo texto obliga a las empresas industriales beneficiarias de ayudas públicas a mantener su actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de una gran compañía, o tres años si se trata de una pyme. El texto también recoge como novedad la obligación de las empresas de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad cuando ésta que suponga una pérdida importante de puestos de trabajo. Con ello, el Ejecutivo busca blindar el empleo industrial, estableciendo una normativa más estricta que impida el fin prematuro de proyectos empresariales, “tanto si tienen ayudas públicas como si no”, explicaron fuentes ministeriales.

A estas empresas en crisis se les marcará un plazo para buscar una solución a través de una “mesa de reindustrialización” en la que participarán representantes del Estado y de las comunidades autónomas afectadas para “tratar de prevenir la pérdida de capacidades industriales y de empleo”, ha explicado Maroto. La ley introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de las ayudas concedidas a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.

Según las fuentes ministeriales, el anteproyecto quiere servir como punto de ordenación de los procesos de reindustrialización, con la citada obligación de la empresa de comunicar el cierre o la reducción de actividad que provoque reducción de empleo. Para ello, fija que se deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados y se dota a los diferentes actores implicados de un plazo máximo.

Por otro lado, la nueva ley incorpora medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial y reconoce, por primera vez, la especial protección a la industria electrointensiva e incorpora medidas de acompañamiento para favorecer su descarbonización. La normativa considera dentro del ámbito de aplicación a las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.

Asimismo, se regulan por primera vez los proyectos industriales de interés general, aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea. También se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional y al establecimiento de bancos de pruebas y proyectos piloto de investigación e innovación. Para todos ellos, la ley introduce la figura de la refinanciación para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.

El anteproyecto garantiza también una base industrial que suministre recursos de primera necesidad y de carácter estratégico, con la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional. La nueva ley también busca reforzar la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad. Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.

Actualiza también el régimen de sanciones e infracciones, que van desde muy graves a graves o leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación. Las multas van desde los 100 millones de euros, pasando por seis millones de euros y las más leves hasta 60.000 euros.