Las subidas del SMI del Gobierno han costado 217.500 empleos desde 2018

217.500 empleos desaparecidos. Ese es el coste directo cuantificado por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2018, los correspondientes a los 71.600 trabajadores que han perdido su empleo y a los 145.900 que no se han creado, según un estudio realizado por Cepyme, en el que ha alertado de las “nocivas consecuencias” que tendrá la nueva subida del SMI que ya prepara el Gobierno para el tejido empresarial, especialmente para las pymes, “en un contexto en el que los costes de las empresas llevan subiendo varios trimestres consecutivos por encima del 20%, mientras que las ventas se desaceleran”, apunta el informe.

La patronal de las pymes teme que la decisión de aumentar esta renta mínima para 2023 la tome la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los próximos días de forma unilateral, bajo el único soporte de los sindicatos CC OO y UGT y con el rechazo frontal de la CEOE y de Cepyme. El estudio señala como razón principal para este rechazo el incremento del 35,9% que ha experimentado el SMI desde 2018, desde los 735,9 euros mensuales a los 1.000 euros actuales. Además, las sucesivas subidas del SMI en este lustro para cumplir con el compromiso del Gobierno de situarlo en el 60% del salario medio español en 2023, ha llevado a que en la actualidad el SMI español se encuentre ya en el 54% del salario medio -incluso en varias comunidades está ya por encima de esta cifra-, mientras que en otros países está en el 40% de media.

Recuerdan también en el informe que elevar el salario mínimo conllevará una nueva subida de cotizaciones. Así, las bases mínimas han subido cerca de un 40% desde 2018. “Y con la nueva subida del SMI sumarán un incremento del 46% desde ese año”, apunta. Asimismo, recuerdan los expertos de Cepyme que esta situación afectará sobre a los trabajadores con menor cualificación, es decir, que incidirá sobre los colectivos y profesionales “más vulnerables. Los incrementos no moderados del salario mínimo inciden en el empleo, especialmente en los trabajadores menos cualificados. De hecho, la subida del SMI en los últimos cuatro años provocó un fuerte freno en el empleo de las tareas elementales”, argumenta. En concreto, la tasa de creación de empleo en tareas elementales se ralentizó hasta el 2,8%, frente a la tasa registrada entre 2013 y 2018, que se situaba en el 13,4% como consecuencia directa del incremento del SMI del 35,9%,

Cepyme ha vuelto a pedir al Ejecutivo que tenga en cuenta varios factores además de la evolución del IPC para tomar esta decisión -como marca el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores-, como la marcha de la situación económica y del empleo y la productividad, que en este último caso descendió un 7,5% de 2017 a 2021, según datos del Indicador de la Pyme de la patronal.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha vuelto a hacer una llamada de atención al Ejecutivo para que “tome las decisiones sabiendo las consecuencias”. Cuerva estima que una subida “descontrolada” del SMI “castiga” al empleo y provoca la desaparición de puestos de trabajo. “Además, no es el momento en la actual situación económica”. Cuerva ha recalcado que las pymes son “el motor que hace posible el progreso” en España, ya que generan más del 70% del empleo y concentran más del 60% de la actividad. Por esta razón, apuesta por un “Plan Integral de Ayuda a la Empresa”, que se aleje de “normas y leyes que no ayudan a la actividad empresarial”, que, en su opinión, representan un “hostigamiento por parte del Gobierno”.

Yolanda Díaz tiene la intención de presentar antes de que finalice el año las conclusiones del informe elaborado por el consejo asesor. Fuentes gubernamentales explicaron a LA RAZÓN que la intención de los expertos es tomar una “posición media” que evite alcanzar los 1.100 euros que reclaman los sindicatos y establecer una horquilla de subida entre 1.049 y 1.085 euros, lejos de las pretensiones sindicales de elevarlo entre un 8% y un 10%.