La Inspección de Trabajo, al borde del colapso, de nuevo en huelga por el “abandono” de Díaz y Montero

“El abandono de la Inspección de Trabajo por parte del Gobierno es absoluto, lo que hace imposible de evitar la continuidad e intensificación del conflicto”. Con esta acusación, los principales sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) confirmaron hoy que la convocatoria de huelga para el próximo 25 de enero se mantiene ante el “silencio y el desprecio” de las ministras de Hacienda y Funcion Pública, María Jesús Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz, que “ni siquiera son capaces de sentarse con nosotros”, confirmaron a LA RAZÓN fuentes sindicales, y han colocado a este organismo “al borde del colapso”.

En un comunicado conjunto de las organizaciones convocantes, CCOO, CIG, Sitss, Sislass y Usess -al que han vuelto a sumarse las organizaciones que se descolgaron de la primera jornada de paros el pasado mes de diciembre, CSIF, UGT y UPIT- denunciaron que “se han cumplido todos los plazos requeridos por los ministerios implicados en el refuerzo de esta institución” y lamentaron que “esta generosidad y holgura” en el tiempo concedido “solo ha servido para acentuar los problemas existentes y hacer más compleja la solución necesaria”.

Los sindicatos han vuelto a cargar contra la “ineficacia” en la gestión de los recursos disponibles para el organismo, tras haberse “desperdiciado más del 20% del presupuesto” asignado para la Inspección de Trabajo el pasado año por falta de ejecución, lo que ha llevado al organismo a obtener “la peor ratio de su historia en lo que a ejecución presupuestaria se refiere” y a desaprovechar “una oportunidad singular para dotar de cuerpo las medidas comprometidas en el acuerdo de julio de 2021”, detalla el comunicado

Los sindicatos critican con especial dureza a Yolanda Díaz, contra la que cargan por la utilización de una “total demagogia” en sus declaraciones públicas respecto a la institución, indicando que “es difícil escapar de calificar” sus afirmaciones recientes, sobre las que denuncian que ha intentado quitarse la responsabilidad del parón en las negociaciones porque “no cabe apuntar como responsable en exclusiva” al Ministerio de Hacienda y Función Pública y “desembarazarse, con semejante ligereza, de la acción de Gobierno que le toca realizar”.

Desde Trabajo, siempre se han limitado a asegurar que “estamos trabajando con Hacienda para mejorar las condiciones de la Inspección, como llevamos haciendo durante esta legislatura”, y a reiterar que “estas reivindicaciones no son una competencia de Trabajo”. Además, insisten en que “se han dado ya pasos decisivos para la mejora del servicio: el mayor presupuesto de la historia del organismo, la incorporación de más de 600 actuantes y un incremento también muy importante del personal administrativo”.

Precisamente sobre la ministra de Hacienda recaen las principales acusaciones, por su actitud “sangrante” ante este cuerpo de la Administración Pública, por su falta de implicación en una solución del conflicto y porque “ni siquiera se siente aludida” con estas movilizaciones, “cuando es responsable del bloqueo del acuerdo y cuando el deterioro de la Inspección roza niveles peligrosos, que pueden poner en cuestión la capacidad de respuesta del mismo”.

Los convocantes de la nueva jornada de huelga han vuelto a reclamar que se cumplan los acuerdos pendientes, que pasan por resolver las “graves carencias de plantilla, falta de carrera profesional y de horizonte laboral que contribuye a la descapitalización de plantilla; falta de reconocimiento y de dignificación de las funciones desarrolladas en cada uno de los puestos de la Inspección con una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) obsoleta e injusta, cargas de trabajo inasumibles; déficit en recursos técnicos y materiales, así como el incumplimiento de los plazos de tramitación y gestión comprometidos a finales de este año por la Administración, tanto Ministerio de Trabajo como el de Hacienda, para materializar el acuerdo”, incidieron las mismas fuentes.

Para los sindicatos, existe un “doble rasero” entre lo que dice el Gobierno, que profundiza en “poner en valor el trabajo realizado desde la Inspección” y anuncia “nuevas medidas y actuaciones que ineludiblemente conllevan mayor presión sobre la debilitada estructura de este organismo”, y lo que hace, ya que simultáneamente “no es capaz de dar un solo paso que permita reforzar y asegurar la capacidad de la institución a la hora de responder, con calidad, a cada uno de los retos que recaen sobre ella”. Por ello denuncian que parece que lo “que se pretende es dinamitar un organismo fundamental en lo que a mercado de trabajo se refiere, en lo que afecta a construir una sociedad y unas relaciones laborales compatibles y acordes con un Estado democrático”. Se preguntan que, si es ese el objetivo, “entonces debemos afirmar que se está acertando”, subrayaron.

El paro del próximo del 25 de enero será el próximo “paso” en la protesta, avanzando que darán “cuantos sean necesarios hasta conseguir revertir la situación que se sufre en el organismo, incluso algunas de las organizaciones sindicales ya estarían planteando barajar un paro total. Esta nueva jornada de huelga se suma a la celebrada el pasado 21 de diciembre, que los sindicatos calificaron de “éxito” porque los centros de trabajo estuvieron, según los representantes de los trabajadores, “prácticamente vacíos”, aunque desde el Ministerio se adujo que apenas tuvo incidencia.