Reforma de las pensiones: estas son las medidas que han entrado en vigor en 2023 y las que se están negociando

Ligar las pensiones al IPC, modificar las cotizaciones de los autónomos, elevar el periodo de cálculo, subir las bases máximas de cotización e introducir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) son algunas de las medidas ya han entrado en vigor con el primer bloque de la reforma de las pensiones o que se plantean ahora para el segundo. El Instituto BBVA de Pensiones recopila todos los cambios que ha implantado el Ministerio de Seguridad Social y los que aún están pendientes de negociación con los agentes sociales.

1. Nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos

La reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA) entró en vigor el 1 de enero 2023. Desde entonces, se despliega progresivamente (durante 3 años) un sistema de 15 tramos que determina las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se producirá como muy tarde en 9 años (2032).

Las cuotas mensuales a la Seguridad Social van desde los 230 a los 500 euros al mes en 2023, y de los 200 a los 590 euros al mes en 2025, siempre en función de los rendimientos netos. Las disposiciones adicionales del decreto especifican que, pasados los tres años para los cuales está prevista la aplicación de los tramos, los interlocutores sociales tendrán que pactar los tramos para los próximos años, hasta 2032.

Los autónomos tienen la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional. Por ello, resulta imprescindible hacer una estimación de ingresos lo más cercana posible, basándose en los resultados obtenidos el año anterior.

En el caso de que a final del año se haya cotizado de menos por haber elegido un tramo más bajo de lo que se ha cobrado, se tendrá que devolver la parte restante. En el caso contrario, en el que se haya cotizado en un tramo de cotización mayor al de los ingresos reales, la Seguridad Social devolverá el importe correspondiente.

Los nuevos autónomos pueden beneficiarse de la tarifa plana, que a partir de enero ha pasado a ser de 80 euros durante 12 meses, frente a los 60 euros anteriores (se encarece un 33%). Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos.

Los autónomos que se hayan dado de alta antes del 1 de enero de 2023 podrán seguir disfrutando de la cuota de 60 euros hasta que se cumpla su primer año como trabajadores por cuenta propia, posteriormente se aplicará el actual sistema de reducciones de la tarifa plana pero respecto a las nuevas cuotas. En cambio, en la Comunidad de Madrid los nuevos autónomos tienen tarifa cero.

2. Nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es un nuevo sistema que sustituye al Factor de Sostenibilidad aprobado en la reforma de las pensiones de 2013 para garantizar la financiación de las pensiones. Este mecanismo se traduce en un impuesto que ha entrado en vigor en 2023 y cuyo objetivo es un modo equilibrado entre generaciones el esfuerzo de financiar las pensiones. En el modelo español, las personas trabajadoras financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados, pero con el envejecimiento de la población y la próxima jubilación de la generación más numerosa, la del “baby boom”, el actual modelo no es sostenible.

Así, con el MEI el Gobierno pretende llenar la hucha de las pensiones para garantizar que los “baby boomers” puedan cobrar sus prestaciones. El citado mecanismo contempla la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con una cotización adicional de 0,6% entre los años 2023 y 2032. De este porcentaje, el 0,5% corresponde a los empresarios y el 0,1% a los trabajadores. En los nueve años que esté en vigor, el Gobierno pretende recaudar 22.000 millones de euros.

Si a partir de 2033, se apreciara en los Informes de Envejecimiento de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024, informe que se usará como referencia, se dispondrá este Fondo de reserva, con un límite de disposición anual del mismo del 0,2% del PIB. Si la disposición de dinero del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales, para la traslación al Pacto de Toledo de una propuesta que se dirija a reducir el porcentaje de gasto en pensiones sobre PIB, o bien incrementando el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos, explica el Instituto BBVA de Pensiones.

3. Subida del periodo de cálculo de la pensión de jubilación

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está negociando con los agentes sociales, la posibilidad de incrementar el periodo de cálculo de la pensión de jubilación. La propuesta actual es extender progresivamente los 25 años considerados en la actualidad (desde 2022) hasta 30 años con la posibilidad de elegir los mejores 28 años de cotización entre esos 30 años. Por lo tanto, se descartarían las peores 24 mensualidades. Pese a que Escrivá ha mejorado su propuesta inicial para cubrir las lagunas de cotización a efectos del cobro de la pensión y para reducir la brecha de género existente en la cuantía de las pensiones, los sindicatos se siguen oponiendo a la medida.

4. Destope de la base máxima de cotización y de la pensión máxima

El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha abierto a destopar las bases máximas de cotización, que afectan a las pensiones más elevadas. Así, ha propuesto la posibilidad de vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual entre 2025 y 2050. Esto significaría una subida inmediata de la pensión máxima. Aún así, las pensiones más altas del sistema subirían durante los últimos 25 años que abarca la reforma en menor proporción que las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que cobran sueldos más elevados.

Según consta en el borrador entregado a los agentes sociales, las pensiones contributivas -incluido tanto el importe de la pensión mínima como el importe de la pensión máxima- “se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual porcentual del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior”. Además, en una disposición transitoria añadida, establece una bonificación adicional de 0,154 puntos en el importe de la pensión máxima a partir de 2025, que “se aplicará igualmente en los ejercicios de IPC negativo”. A partir del año 2050, fecha máxima del alcance de esta reforma, tendría que volver a negociarse para determinar el importe de la pensión máxima inicial se aplicará cada año un incremento adicional, que se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La base máxima de cotizaciónen 2023 se ha incrementado un 8,6% respecto a la de 2022, situándose en 4.495,50 euros (53.946 euros anuales), según ha recogido la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). La pensión máxima, en 2023 se ha revalorizado un 8,5% respecto a 2022, y se sitúa en 3.059,23 euros mensuales (42.829,29 euros anuales).

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que la propuesta de reforma del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones -elevar el período de cómputo de 25 a 30 años, descartando los dos peores, y subir las bases máximas de cotización-no compensará ni de lejos el aumento de gasto por la revalorización de las pensiones según la media del IPC, medida que entró en vigor en 2022.

De acuerdo con unas estimaciones del “think tank” el aumento de los años para calcular la pensión supondría un ahorro del 0,3% del PIB de 2050, mientras que la subida de las cotizaciones aportaría “como mucho” un 0,15% del PIB de ese mismo año, es decir, las reformas solo aliviarían medio punto el gasto adicional del 3,5% del PIB.

5. Mejora de los incentivos de jubilación parcial y activa

Finalmente, el ministro de Seguridad Social ha comunicado su intención de negociar con los agentes sociales la mejora de los incentivos a la jubilación parcial y la jubilación activa.