Todas las reformas que plantea Escrivá para las pensiones solo aliviarían medio punto el aumento del 3,5% del PIB en el gasto

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que la propuesta de reforma del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones -elevar el período de cómputo de 25 a 30 años, descartando los dos peores, y subir las bases máximas de cotización- no compensará ni de lejos el aumento de gasto por la revalorización de las pensiones según la media del IPC.

De acuerdo con unas estimaciones del “think tank” publicadas hoy, el aumento de los años para calcular la pensión supondría un ahorro del 0,3% del PIB de 2050, mientras que la subida de las cotizaciones aportaría “como mucho” un 0,15% del PIB de ese mismo año.

En un comunicado, Fedea apunta que la suma de esas cantidades estaría “muy por debajo de lo necesario” para compensar el aumento del gasto derivado de la revalorización de las pensiones según la inflación, ya que el propio Gobierno cifra este gasto en 3,5 puntos del PIB de 2050. “La suma de ambas cantidades está muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma en curso”, afirma Fedea.

La segunda parte de la reforma de las pensiones, que debería asegurar su sostenibilidad y tiene que estar lista este mes para asegurar la entrega de fondos europeos, ya que forma parte de los compromisos del Gobierno con Bruselas, está dando fuertes quebraderos de cabeza al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya que los ministros de Unidas Podemos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se oponen a la ampliación del periodo de cálculo. En este sentido, argumentan que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y que recorta la cuantía de las pensiones.

A este respecto, Fedea apunta a que las estimaciones disponibles sugieren que el impacto neto de los cambios propuestos por el Gobierno en el periodo de cálculo de la pensión (subirlo de 25 a 30 años, descartando los dos peores años) se traduciría en “una ligera reducción de la pensión media inicial de las futuras cohortes de jubilados”, que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducirlo en el futuro, “pero sólo de forma muy modesta”.