Los consumidores pagan 2.000 millones de euros más en su factura por el fraude eléctrico

El fraude eléctrico es una práctica delictiva cada vez más frecuente que consiste en la explotación ilegal de la red eléctrica para conseguir un abaratamiento de lo que se paga cada mes en la factura de la luz. No obstante, este tipo de actuaciones ilegales, no solo son perjudiciales para la salud y seguridad de las personas, sino que también el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios. En este sentido, el coste del fraude representa más de 2.000 millones de euros anuales, es decir, una repercusión media de casi 100 euros anuales por cada cliente que cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consume.

Ante esta problemática, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, UFD, ha intensificado su ofensiva contra este tipo de fraude para así poder “prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico que asumen el resto de los clientes a través de su factura”, señalan desde esta empresa española.

El fraude eléctrico puede provocar incendios y otro tipo de accidentes, poniendo en riesgo no solo a la persona que realiza esta explotación ilegal, sino también a las que conviven con ella y a sus vecinos. Es por ello que dicha empresa se encuentra “inmersa” en un plan para detectar y desconectar aquellas conexiones que sean fraudulentas, así como las manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera, es decir, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

UFD en los dos últimos años ha realizado más de 32.500 actuaciones en estas regiones, de las cuales se han saldado con la apertura de 9.335 expedientes por fraude. A través de dichas actuaciones, la distribuidora eléctrica ha recuperado 160 GWh de energía defraudada, lo que equivale al consumo anual de cerca de 50.000 hogares. Tan sólo en el año 2022, UFD interceptó fraudes por un volumen de 105 GWh -el doble que el año anterior-, ilustrando así “su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento”, señala Naturgy.

“El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico y acaba suponiendo un gran coste para el resto de consumidores en sus facturas. Nuestro compromiso firme es combatirlo para garantizar la mejor calidad de suministro en los territorios donde estamos presentes”, explica la directora de UFD, Mónica Puente.

Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, sin embargo esta práctica no ha cesado, sino que tras la irrupción de la crisis económica y desde el inicio de la pandemia, esta ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado.

Además del peligro para la salud y para el bolsillo de los consumidores, la compañía también señala que la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. “La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas”, sostienen.

Ante esta problemática, UFD pone a disposición de los consumidores un canal de denuncia anónimo en su página web para informar de que se está produciendo una conexión ilegal a la red eléctrica o una manipulación del contador si se tiene cualquier sospecha.