La alcaldesa de Ripoll (Gerona) prohíbe usar el burquini en una piscina municipal: ¿es esto legal?

La alcaldesa de Ripoll (Gerona) y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, anunció ayer que prohibirá "el uso de 'burkinis' en la piscina municipal de Ripoll por razones de seguridad". Así lo ha explicado a través de su cuenta personal de X, donde ha recomendado "al resto de ayuntamientos catalanes que hagan lo mismo".

Asimismo, el pasado mes de mayo, este mismo partido político en el Parlament de Cataluña votó a favor de prohibir el uso de cualquier velo islámico, entre los cuales el burka, el hijab, el niqab, el burkini, la xaila, el khimar o el chador, en espacios o centros de carácter público. No obstante, esta moción no salió adelante ya que PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP votaron en contra y PP y Vox se abstuvieron.

La prohibición del burquini ha desatado numerosas críticas por parte de los usuarios de esta red social, los cuáles han tildado a Orriols de islamófoba: "¿Razones de seguridad? ¡¡¡Mentira!!!! Razones de xenófoba. ¿Si una monja va a la piscina también tendrá que quitarse el hábito?", "no lo haces por razones de seguridad. ¿Qué seguridad? Lo haces por islamófoba (como declaras con orgullo que eres). Con ello no conseguirás que estas mujeres utilicen un bañador, ni que se integren, lo único que conseguirás es que no vayan a la piscina y que se cierren más", "¿por qué no tienes el coraje de decir directamente que las razones son simplemente racistas? El burkini está hecho de los mismos materiales que los bañadores deportivos, y ha sido diseñado para ser seguro y adecuado para las piscinas. En muchos países occidentales está permitido sin problemas"...

¿Es legal prohibir el uso del burquini?

Ante esta decisión por parte de la alcaldesa de Ripoll, muchos se preguntan si realmente es legal o no prohibir el uso del burquini en las piscinas municipales.

No se puede prohibir el uso de este bañador por motivos de seguridad de forma generalizada y arbitraria. En Francia ha habido más debates y prohibiciones locales al respecto y los tribunales han tendido a anular estas prohibiciones alegando que vulneran libertades fundamentales como la libertad de movimiento, de conciencia y personal.

"Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Así lo establece el artículo 2.1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Esta misma normativa señala en el artículo 26 que son nulas aquellas disposiciones, actos o cláusulas que causen discriminación por razón de alguno de los motivos mencionados con anterioridad.