Los alquileres que se renueven podrán subir un 2% desde julio

El Gobierno puso ayer fin a la prórroga automática y extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler en las mismas condiciones. El Ejecutivo no incluyó la medida en la renovación del decreto de medidas anticrisis que aprobó el Consejo de Ministros. La medida permitía que los inquilinos pudieran renovar sus contratos sin sufrir subidas de precios y fue acordada en 2020 en el marco del «escudo social» que el Gobierno diseñó para proteger a los más vulnerables de los efectos de la pandemia y que posteriormente fue prorrogado tras la invasión de Ucrania.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) precisaron que, a pesar de esta supresión, la Ley de Vivienda ya recoge la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad y límites del 2% en la subida de 2023 y del 3% en 2024. «Aprobamos por ley una protección mucho más amplia para las personas en situación de vulnerabilidad cuyos contratos de alquiler finalicen, y además lo hacemos por un periodo mucho más amplio: un año». Para el resto de casos, recuerdan que la Ley de Arrendamientos Urbanos ya prevé prórrogas obligatorias para el arrendador de hasta 5 años y que «hablamos de contratos que ya finalizan, es decir, que ya han agotado todas las prórrogas contempladas por contrato». Esta prórroga, añaden, era una medida «extraordinaria y coyuntural que tenía sentido en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos». Subrayan que el Ejecutivo ha trabajado en estos meses por la implantación de «medidas estructurales a través de la Ley por el Derecho a la Vivienda que van mucho más allá de estas cuestiones puntuales, y que ahora deben ser las comunidades las que tienen que dar un paso adelante para desplegar sus efectos».

Desde el Mitma precisan igualmente que la prórroga, aunque se vaya a eliminar, «está vigente hasta el 30 de junio. Un contrato que finalice en esa fecha se podrá prorrogar hasta finales de diciembre, por lo que los efectos de esta medida se seguirán desplegando en los próximos meses aunque decaiga la prórroga a partir de julio».

Lo que sí ha prorrogado el Gobierno ha sido la prohibición de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, justificó esta decisión en que, aunque ya esté prevista en la Ley de Vivienda, la autonomías todavía no han tenido tiempo para implementarla.

Junto a esta medida, el Ejecutivo ha ampliado hasta diciembre un paquete de medidas que tendrán un coste de 3.800 millones de euros y que incluye, entre otras, la bonificación al gasóleo profesional. Hasta el 30 de septiembre, el importe de la ayuda será de 10 céntimos por litro. Desde el 1 de octubre, se reducirá a 5 hasta el 31 de diciembre. También tendrán acceso a esta subvención los transportistas por carretera que hacen su labor sin gasóleo profesional, así como los servicios marítimos de interés público.

El decreto mantiene también en los mismos términos la rebaja del IVA de los alimentos, por lo que, a partir del 1 de julio, se mantendrá la rebaja del 4% al 0% en el tipo impositivo del pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas, así como la reducción del 10% al 5% en el aceite y la pasta. La carne y el pescado vuelven a estar excluidos de la bajada fiscal.

El Gobierno también ha decidido extender la ayuda para la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público en aquellas autonomías y ayuntamientos que aporten parte de la financiación. Asimismo, incluyó una deducción del 15% en el IRPF para la compra de coches eléctricos nuevos. Igualmente, se mantienen las rebajas de los impuestos energéticos, incluida la rebaja del IVA de la luz y el gas.