El arbitraje para dirimir si España debe abonar 920 millones de euros a la empresa minera australiana Berkeley por la paralización de una mina de uranio en Salamanca ha arrancado. El pasado jueves día 8 de mayo se celebró la primera sesión entre las partes a través de una conferencia, según figura en el registro Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Grupo Banco Mundial, que será el encargado de dirimir la disputa.

Por parte de España compareció la Abogacía del Estado, mientras que por la de la compañía lo hicieron los despachos de abogados españoles Herbert Smith Freehills y LCS Abogados, según figura en el registro del procedimiento, que tendrá como árbitros del proceso a Sabina Sacco como presidente y a Klaus Reichert, propuesto por Berkeley, y Zachary Douglas a petición del Estado español.

La compañía minera presentó en mayo del año pasado una reclamación ante el Ciadi después de que el Gobierno paralizase el proyecto de mina de uranio que la compañía pretendía poner en marcha en Retortillo (Salamanca)

Berkeley ha reclamado inicialmente 920 millones de euros al Estado español, lo que podría convertir este arbitraje en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno, asegura Berkeley.

Antecedentes

Berkeley presentó una notificación por escrito tanto a Presidencia del Gobierno como al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) anunciando una posible disputa de inversión en noviembre de 2022 en el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía, justo antes de que España abandonase este tratado y evitase que Berkeley pudiese recurrir a esta vía. Este marco prevé tres meses de negociación entre las partes antes de recurrir a medidas más contundentes como el arbitraje. Sin embargo, la minera y el Gobierno no alcanzaron ningún acuerdo, como puso de manifiesto el hecho de que Transición Ecológica resolviese de forma negativa el 6 de febrero de 2023 el recurso que la compañía presentó en diciembre de 2021 contra la decisión del ministerio de paralizar el proyecto.

Amparándose en un informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el departamento que dirige Teresa Ribera resolvió entonces denegar el permiso para iniciar la construcción del proyecto. Una decisión muy cuestionada por Berkeley. La compañía, sin embargo, considera que el documento del CSN alega "incertidumbres" que, según la minera, podrían haberse resuelto, tal y como le transmitieron a Transición Ecológica durante el trámite de audiencia que se celebró en el proceso por el que la minera recurrió la denegación del permiso en diciembre de 2021.

Berkeley también presentó en abril de 2023 un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Miteco de paralizar el proyecto de Salamanca.

La minera ha explicado que la tasa de producción del proyecto Salamanca de 4,4 millones de libras de U3O8 por año (en producción nominal) cubriría más del 100% de la demanda doméstica de España, y representa el 15% de la demanda europea, lo que puede ser suministrado durante un período mínimo de 14 años, basado en las reservas de mineral actuales del proyecto. "Por lo tanto, y con la capacidad de suministrar más del 10% del consumo de uranio de la Unión Europea, el proyecto Salamanca cumpliría con el objetivo para 2030 de la recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas", añade.

Berkeley ha asegurado asimismo que el proyecto Salamanca es "clave para la reactivación del empleo en un área devastada por la despoblación en las últimas décadas". Hasta la fecha, la compañía afirma que ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto, de los cuales más del 40% permanecieron en la región, y ha contado con más de 70 empleados.