El Banco de España reclama al Gobierno que debe de implementar "sin demora" un plan de consolidación plurianual a medio plazo que refuerce la sostenibilidad de las finanzas públicas, que se enmarque "en un cuadro macroeconómico prudente" que busque el "equilibrio" entre las medidas de ingresos y gastos que permitan el "saneamiento gradual de las cuentas", lo que permitiría al Gobierno "no solo reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también incrementar la confianza y la certidumbre en torno a las políticas económicas". Todo ello porque recuerda al Ejecutivo de Pedro Sáncherz que a lo largo de los últimos años "se han acentuado los desequilibrios en las cuentas públicas", en términos tanto de déficit estructural como de deuda pública, hasta situarse en "niveles muy elevados".

Así lo detalla en los capítulos 1 y 2 del "Informe anual 2023", en el que presenta varios escenarios para reducir deuda y déficit con los que cumplir con las nuevas reglas fiscales impuestas por Bruselas para este año. En el escenario inercial actual -que tiene en cuenta las proyecciones de gastos relacionados con el envejecimiento de la población, pero que no incorpora cambios en las políticas económicas y fiscales vigentes, ni un incremento automático de las cotizaciones sociales-, la deuda pública se mantendría en niveles muy parecidos a los actuales en los próximos años y seguiría una trayectoria creciente a partir de 2030, por lo que se incumpliría el mandato comunitario.

En cambio, el supervisor bancario propone un escenario en el que se implemente un ajuste presupuestario coherente con el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo -"lo que implicaría una reducción anual promedio de nuestro desequilibrio estructural de unos 0,5 puntos del PIB potencial durante un período de siete años comenzando en 2025"-, con el que la ratio de deuda pública podría iniciar, en los próximos años, "una senda descendente que la situaría en el entorno del 80% del PIB en 2040. Por ello, estima que este plan de consolidación plurianual debe enmarcarse "en un cuadro macroeconómico prudente" que detalle las medidas de ingresos y gastos que permitan el saneamiento gradual de las cuentas públicas. "Esto permitiría no solo reforzar la sostenibilidad de las finanzas, sino también incrementar la confianza y la certidumbre en torno a las políticas económicas", apunta el informe.

El documento presentado también muestra sus dudas sobre la evolución más reciente del consumo público, que apunta a una incipiente consolidación de parte del aumento del gasto público asociado, que habría redundado en un aumento del déficit estructural desde 2019, "pese al notable avance de los ingresos". Asimismo, avisa de que el reciente descenso de la ratio de deuda pública -desde su máximo del 120% del PIB alcanzado en 2020- ha descansado solo "en la aportación del crecimiento del producto nominal" -impulsado, sobre todo, por la reapertura de la economía en 2021 y por el repunte de los precios en 2022 y 2023-, que habría compensado los aumentos de la deuda provocados por el déficit presupuestario y el pago de intereses.

Sin embargo, pone la luz roja sobre que en el corto y medio plazo diversos factores ejercerán "notables presiones" sobre los niveles de gasto de las Administraciones Públicas y, por tanto, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por un lado, apunta "el profundo cambio demográfico en el que la población española está inmersa", que supondrá en las próximas décadas un "apreciable aumento del gasto en pensiones, pero también del gasto en sanidad y en cuidados de larga duración". Por otro lado, recuerda que las nuevas necesidades de inversión vinculadas a las transiciones digital y verde, así como los compromisos adquiridos en términos de gasto en defensa, también impulsarán "de forma notable" las necesidades de gasto público.

Finalmente, cree que si bien el endurecimiento de la política monetaria ha tenido un impacto acotado sobre la carga financiera de las Administraciones por el momento -debido al alargamiento de la vida media de la deuda desde 2013 y a los crecimientos tan elevados del PIB nominal estos últimos años-, ésta podría elevarse de forma significativa en los próximos años, a medida que los vencimientos se vayan refinanciando a tipos de interés más elevados y los ritmos de avance del producto en términos nominales se estabilicen en niveles inferiores a los actuales.

En este contexto, recuerda al Gobierno que la activación de las nuevas reglas fiscales europeas "exigirá el diseño y la implementación de un plan de consolidación fiscal a medio plazo" que permita la corrección del déficit público estructural y, por ende, la reducción de la deuda pública y alerta sobre que, "en este momento", dicho plan "es incierto" al no conocer su diseño, y sobre que su implementación generaría, previsiblemente, un "menor grado de dinamismo de la actividad a corto plazo".

Por ello, cree que este plan debe acompañarse de una composición del gasto y los ingresos públicos más favorable al crecimiento y de las reformas necesarias para mejorar la dinámica de la productividad y el aumento de la tasa de empleo -de lo que ahora mismo no sabe nada-, su "efecto positivo sobre el crecimiento potencial de la economía reforzaría la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas". De este modo, "se reduciría de forma notable la probabilidad de que se materializasen escenarios adversos con consecuencias negativas sobre el crecimiento económico y el bienestar de la ciudadanía".

El Banco de España apunta que la actividad económica estaría mostrando, al inicio de 2024, un "grado de dinamismo ligeramente inferior al registrado a finales de 2023", aunque espera una "suave aceleración a lo largo del año", en consonancia con la senda de moderación de la inflación -y la consiguiente recuperación de las rentas reales-, gracias a la reactivación paulatina que se anticipa para la economía europea y el impulso proveniente del despliegue de proyectos financiados a cargo de los fondos europeos.

Pese a ello cree que la incertidumbre acerca de estas perspectivas económicas es muy elevada por las "perturbaciones" vinculadas con los conflictos bélicos de la Franja de Gaza y de Ucrania. Por ello, no descarta "escenarios más adversos que el actual", en los que la persistencia de estas tensiones o una eventual escalada de estas diesen lugar a "perturbaciones más negativas que presionaran al alza la inflación y a la baja la actividad". Otra fuente de incertidumbre relevante es la posibilidad de que los efectos del "endurecimiento de la política monetaria sobre la actividad y los precios terminen siendo mayores de lo previsto".