¿Burbuja renovable? Las autorizaciones caen un 29%

Proyectos de hidrógeno con ayudas que finalmente no ven la luz, retrasos en el almacenamiento que hacen ya imposible cumplir las previsiones de 22 gigavatios en 2030 contenidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la canibalización de los precios en las energías verdes, como la fotovoltaica, con cada vez periodos horarios de mayor producción a precios más bajos, lo que rebaja la remuneración media que reciben estas tecnologías.

La expansión renovable acumula un sinfín de problemas ligados a su vertiginoso crecimiento. De hecho, las autorizaciones administrativas de construcción de renovables en España se han reducido casi un 29% cuando deberían de crecer sin parar.

El segundo trimestre de 2025 apenas registró un total de 2.349,9 megavatios (MW) fruto de137 proyectos frente a los 3.291 MW del primer trimestre del año, según un informe del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines de todas las comunidades autónomas.

Por tecnología, el 84,9% de la capacidad aprobada en el segundo trimestre del año fue de energía fotovoltaica, con un total de 1.995 MW, muy por delante de otras energías como la eólica, con 354,8 MW (15,1%), cuyo desarrollo se ha visto frenado en varias comunidades autónomas por presiones internas.

Juan Francisco Caro, director de Opina 360, apunta a que estos datos confirman la tendencia negativa observada en los primeros meses del año, acentuándose entre abril y junio.

"No solo se ha reducido en 941 MW el volumen de potencia autorizada para construir con respecto al trimestre anterior, sino que no se ha llegado ni a la mitad de lo permitido hace un año, cuando se rozaron los 4.900 MW", indica Caro.

"Si el ritmo no cambia en el segundo semestre, 2025, acabará con un importante frenazo en el desarrollo de las renovables en España, a pesar de que todavía queda mucho para alcanzar los objetivos de 2030", añade.

El Ministerio para la Transición Ecológica otorgó solo 11 de los proyectos mientras que los otros 130 obtuvieron la autorización de las regiones.

Por consiguiente, fueron las CC AA las que autorizaron la mayor parte de la potencia instalada, con 1.578,2 MW, mientras que el Gobierno central autorizó 771,6 MW. Por lo tanto, en potencia las comunidades autónomas han gestionado dos tercios del total (67,1%), mientras que en instalaciones el 92,8%.

Castilla-La Mancha encabezó la potencia autorizada para construcción en este periodo, con 559,7 MW, seguida por Andalucía (434,1 MW) y Aragón (364,5 MW). Por el contrario, Canarias, País Vasco y La Rioja fueron las únicas regiones que no otorgaron autorizaciones de construcción en este trimestre.

Asimismo, durante el segundo trimestre del año se publicaron 75 declaraciones de impacto ambiental favorables, con una potencia total de 1.904,6 MW. De esta capacidad, el 77,5% (1.475,4 MW) correspondió a instalaciones fotovoltaicas, el 19,9% (379,2 MW) a parques eólicos y el 2,6% (50 MW) a centrales de biomasa. Andalucía lideró en volumen de potencia con evaluación ambiental positiva, alcanzando los 456,7MW.

En cuanto a la autorización administrativa previa, a lo largo de este trimestre se otorgó a 54 proyectos que, en conjunto, sumaron una potencia de 782,7 MW, de los que 711,2 MW corresponden a instalaciones fotovoltaicas y 71,5 MW a parques eólicos. Las comunidades autónomas gestionaron el grueso de los proyectos.

Murcia fue la comunidad donde se otorgó autorización administrativa previa a un mayor volumen de potencia (240,2 MW), por delante de Andalucía (147,5 MW) y Castilla y León (139,5 MW). Por su parte, en seis comunidades no se concedieron permisos previos para proyectos de energía renovable.

La fotovoltaica sigue imparable

Por otra parte, un total de 262 proyectos de energías renovables han entrado en fase de información pública, con una capacidad de generación conjunta de 4.571,9 MW. De esta cifra, el 52,3% procede de instalaciones fotovoltaicas (2.932,6 MW), el 47,6% a parques eólicos (2.176,7 MW) y el 0,1% a proyectos hidroeléctricos (2,7 MW).

De entre ellos, 36 proyectos solicitaron solamente el permiso previo, mientras que los demás proyectos (226) pidieron también la autorización de construcción, la declaración de impacto ambiental y/o el reconocimiento de utilidad pública.

Por su parte, Aragón volvió a ser la comunidad con mayor volumen de potencia en proyectos que están en información pública, con 1.140 MW. Por detrás se situó Andalucía, con 942,3 MW, seguida por Castilla y León, con 535,9 MW.

Cantabria fue la única comunidad en la que no se sometieron proyectos de energías renovables a información pública en el segundo trimestre del año.

El Miteco tumba la mitad de la potencia solicitada

Por otro lado, las administraciones rechazaron 34 proyectos de energías renovables que, en conjunto, sumaban 1.349,1 MW de potencia. De estos, 20 correspondían a instalaciones solares fotovoltaicas (808,6 MW) y 13 a parques eólicos (401,5 MW).

En cuanto al reparto administrativo, el Ministerio denegó el 50% de la potencia rechazada (17 proyectos), mientras que los gobiernos autonómicos fueron responsables del otro 50%, también con 17 iniciativas.

Los principales motivos detrás de las desestimaciones fueron la caducidad de los permisos, que afectó a 13 proyectos (699,1 MW), y los informes ambientales desfavorables, que motivaron el rechazo de 12 iniciativas (434,9 MW). Además, siete proyectos fueron descartados por desistimiento y dos por incumplir requisitos urbanísticos.

Al margen de los proyectos de generación, las comunidades autónomas otorgaron autorización administrativa de construcción a siete proyectos de almacenamiento, con una potencia total de 29,3 MW, de las cuales 15 MW corresponden a tres parques de baterías en solitario y 14,3 MW a dos instalaciones híbridas con proyectos fotovoltaicos, repartidos entre Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha.

En una fase más temprana, recoge Europa Press, se encuentran 19 proyectos de almacenamiento que se han expuesto al público durante el segundo trimestre por una potencia instalada conjunta de 523,8 MW. Andalucía fue la comunidad donde se sometió más capacidad de almacenamiento a información pública, con 200 MW de un proyecto de baterías en Cádiz.