Las comunidades del PP rechazan el Plan de Vivienda y exigen al Gobierno negociarlo antes de aprobarlo

Agua. La Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada hoy para presentar por parte del Gobierno ante las comunidades autónomas el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ha concluido con un sonoro rechazo de las autonomías populares, 11 de las 17 que hay, al intento del Ejecutivo central de imponer su proyecto y la exigencia unánime de estas regiones de que el ministerio acuerde con ellas el plan antes de aprobarlo en diciembre.

Como ha puesto de manifiesto Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Castilla y León que ha actuado como portavoz de las comunidades del PP, la mayoría de los consejeros que han participado en la reunión han puesto de manifiesto su desacuerdo con la falta de interlocución del departamento que dirige Isabel Rodríguez con las autonomías para consensuar el plan, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros, de los que las autonomías aportarían el 40%.

"Estamos de acuerdo en aquello que permita solucionar el problema de la vivienda. Lo que no puede ser es ningunear, despreciar a las comunidades autónomas. Decirnos lo que tenemos que aportar sin consultarnos", ha afirmado Suárez Quiñones.

En opinión del consejero castellanoleonés, el ministerio quería evidenciar en la reunión que las comunidades autónomas no están dispuestas a aportar un mayor esfuerzo económico. "Pero estamos dispuestas y lo estamos haciendo", ha asegurado Suárez Quiñones.

Lo que las autonomías no pueden tolerar, ha añadido, es que se las ningunee y no se les haya consultado para elaborar el plan pues, según ha asegurado, la conferencia lleva más de un año sin reunirse y sin que haya habido interlocución alguna.

El consejero popular ha asegurado que, a pesar del rechazo de hoy al planteamiento de Vivienda, la ministra está a tiempo de planificar grupos de trabajo técnico para mejorarlo con aportaciones antes de diciembre.

Competencias

En línea con lo expresado por el consejero popular, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejero de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha advertido de que "la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas, la mayor parte de la financiación procede de ellas, y lo que exigimos es negociación, financiación adecuada, medidas fiscales realistas y un plan integral contra la ocupación e inquiocupación que no aparece en el borrador".

Para Camarero, el Gobierno "pretende aprobar en diciembre un plan del que ahora habla, por primera vez, con los consejeros autonómicos, cuando desde diciembre del año pasado y en julio ya tenía nuestras propuestas. Han perdido un año y llegan tarde".

El consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, ha manifestado que Madrid ha acudido a la sectorial a decir un "no rotundo" al plan, que a su juicio "incide en los mismos errores" que la Ley cuya derogación han pedido en reiteradas ocasiones. Este plan, ha opinado, no aporta "nada nuevo y nada bueno" a las comunidades autónomas, que ha señalado que son las que tienen las competencias y las que están desarrollando unas políticas de vivienda que van a dar buenos resultados.

Fuentes del Ministerio de Vivienda citadas por Ep han asegurado por su parte que la próxima semana se celebrará una nueva reunión. A pesar de las críticas del PP, en opinión del departamento que dirige Isabel Rodríguez, en el encuentro de hoy se ha constatado que hay opción de llegar a acuerdos.

El plan propuesto por el Gobierno condiciona la entrega por parte del Estado de los 4.000 millones de euros que asumiría a que las viviendas que se promuevan empleando estos fondos queden blindadas como viviendas públicas protegidas de por vida, tanto si se destinan a alquiler como a compraventa, en cuyo caso no podrían ser vendidas después a precios de mercado.

Aunque las competencias de vivienda recaen en las comunidades autónomas, fuentes gubernamentales han explicado que existen instrumentos legales que les permiten ligar la entrega de estos fondos estatales al blindaje de los proyectos que se van a promover de forma individualizada. Incluso, aclaran, si la comunidad autónoma en la que se van a levantar esas viviendas no tenga estipulado ese blindaje para vivienda pública como ocurre en autonomías como Baleares o el País Vasco.

Con este movimiento, el Gobierno sortearía las reticencias de los gobiernos autonómicos del PP a establecer esta protección de por vida a este tipo de viviendas y lograría así su objetivo de blindar este parque aunque sea por una vía indirecta.

Desde el Gobierno han reiterado hoy que el nuevo plan tiene que implicar una mayor corresponsabilidad en la financiación, debe proteger de forma permanente las viviendas construidas con recursos públicos y debe aportar una mayor transparencia en los datos.