Consumo asegura que las multas a las aerolíneas por el equipaje de mano siguen su curso pese al expediente de Bruselas

Consumo no se da de momento por aludido ante las peticiones de las aerolíneas de que retire la sanción de 179 millones que impuso a cinco "low cost" por el cobro del equipaje de mano a pesar del expediente abierto por la Comisión Europea contra España por esta decisión.

Ayer por la mañana, la Comisión Europea anunció que ha abierto un procedimiento de infracción a España por no permitir que las aerolíneas "apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano", lo que el Ejecutivo entiende que contraviene la normativa comunitaria, que asegura que la multa impuesta a las compañías también vulneraría la reglamentación.

Tras el anuncio del expediente, la patronal española de aerolíneas (ALA) reclamó al Ministerio de Consumo que retire las multas abiertas contra varias aerolíneas que carecen de justificación, máxime después de la decisión de Bruselas.

Pero Consumo no tiene intención de anular las multas. Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy aseguran que este expediente "no altera las sanciones a las cinco aerolíneas low cost por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial (cuatro de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra en la Audiencia Nacional)". La Comisión Europea, prosigue el ministerio, "no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

Consumo sostiene que la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones "se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como a la jurisdicción europea".

Procedimiento habitual

El ministerio también resta importancia al expediente ya que, según aseguran estas mismas fuentes, consiste en "un procedimiento formal y habitual que la Comisión Europea pone en marcha con todos los países miembros cuando consideran que se produce una discrepancia entre el procedimiento de un Estado o una legislación nacional y la normativa comunitaria".

Cada año, subrayan, se abren una media de 30 expedientes de este tipo y España tiene abiertos actualmente 94. Uno de ellos, por ejemplo, se abrió tras la OPA del BBVA al Sabadell, ya que la Comisión Europea detectó que podría incumplirse la normativa bancaria de la Unión Europea, según subrayan.