El concierto del año. Las entradas se agotan en 15 minutos. La única alternativa para asistir es recurrir a la reventa y cruzar los dedos para que la entrada no cueste el doble o el triple del precio original. Estos abusos con los que los consumidores lidian día a día llegarán a su fin en breve. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohibirá que los precios de las entradas en reventa puedan subir más allá de la variación del IPC (inflación)desde el momento de la compra inicial.

Aunque la legislación vigente ya prohíbe la compra masiva de entradas mediante bots —según recoge el artículo 27.6 de la Ley de Competencia Desleal—, su efectividad ha sido limitada debido al alto incentivo económico que mueve este mercado. Ahora, la Ley de Consumo Sostenible, que se aprobará de forma inminente, modificará el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para cortar de raíz esos incentivos: si la entrada no puede revenderse con un margen de beneficio más allá del IPC, la rentabilidad desaparece. De esta forma, se pretende desmontar el negocio especulativo de la reventa de entradas.

La medida, además, establece mecanismos para su control: las plataformas que ofrezcan entradas por encima del precio permitido podrán ser bloqueadas y sancionadas. "Al igual que con la publicidad de pisos turísticos, la puesta a la venta de entradas en reventa con un precio superior al regulado, convertiría esta actividad en ilícita, pudiéndose instar al bloqueo de las páginas web donde se estuviese produciendo la infracción, y la consecuente sanción para el infractor", apunta Consumo.

Este modelo de regulación no es nuevo en Europa. En países como Bélgica o Francia ya existen normativas similares que restringen o directamente prohíben la reventa sin autorización y la especulación con entradas. En Bélgica, por ejemplo, la reventa habitual está vetada salvo autorización expresa del organizador del evento, y en Francia la ley contempla sanciones penales por revender entradas sin permiso.

La iniciativa llega además en un contexto de crecimiento exponencial del mercado secundario de entradas. Según datos de la consultora Verified Market Research, el sector de la reventa de entradas moverá en Europa cerca de 7.769 millones de euros en 2030, partiendo de 1.817 millones en 2024. España, que representa entre un 10% y un 15% de este mercado, verá cómo su volumen podría alcanzar los 932,3 millones de euros anuales en 2030 si no se toman medidas.

Con este golpe a la reventa, un lucrativo y en ocasiones abusivo negocio que crece por momentos, se atiende a una de las grandes demandas de las asociaciones de consumidores. Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclamó una regulación para los precios de las entradas tanto en reventa como en venta ordinaria con motivo de los precios desorbitados que llegaron a alcanzar las entradas de Bad Bunny en Ticketmaster por su sistema de precios dinámicos (varían según la demanda) y de recargos mediante conceptos no reembolsables. "OCU considera inaceptable la desprotección legal que hay hacia el consumidor, por parte de este tipo de reventa de entradas online para espectáculos, tales como: deportes, conciertos, teatros, etc. donde el consumidor está expuesto a un sinfín de negligencia", apunta la OCU.

La Ley de Consumo Sostenible contempla otras medidas de calado como prohibir la publicidad de combustibles fósiles, equiparándolos así al tabaco, para combatir el "ecopostureo" y regulará la reduflación, obligando a que las empresas avisen si reducen la cantidad de los productos sin bajar el precio.