Óscar López y su Ministerio de Función Pública tendrán que hacer frente en los tribunales una demanda presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) por los "reiterados incumplimientos" en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), que lleva un retraso de cinco años. Se trata de una demanda de recurso contencioso-administrativo y que ha sido presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El sindicato acusa a Función Pública de inacción en sus deberes y pide al TSJM que le obligue a regular el teletrabajo en la AGE, lo que significa que se culmine el desarrollo reglamentario del real decreto de 2020 en el ámbito de sus competencias, en el que también quedan pendientes otras medidas que sigue sin ver la luz verde, como las normas sobre evaluación del desempeño, las mejoras en la movilidad y la carrera profesional. "No sólo hablamos del teletrabajo, sino también de normas sobre la evaluación del desempeño, mejoras en la jubilación, movilidad y carrera profesional", todas ellas "incluidas en sendos proyectos de Ley de Función Pública, paralizados en el Congreso". Además, recuerdan que "seguimos pendientes de que aporten cifras concretas sobre la oferta de empleo público, que sigue sin concretarse", inciden desde el sindicato.

El teletrabajo, como modalidad de trabajo a distancia en el ámbito de la Administración Pública, se creó mediante real decreto en 2020por la pandemia, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público y fijando un plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas administraciones públicas. Ante la inacción en su aplicación y en su falta de avances, ha provocado esta denuncia en el TSJM para "que condene a Función Pública por inactividad y le obligue a regular el teletrabajo en la AGE, culminando el desarrollo reglamentario del real decreto en el ámbito de sus competencias", explican fuentes de CSIF.

Tras la aprobación del real decreto en 2020, CSIF firmó en abril de 2021 el acuerdo por el que se desarrollaba el teletrabajo en la Administración General del Estado, y en diciembre de ese mismo año presentó sus alegaciones a la norma durante la fase de consulta pública, que culminó en enero de 2022. CSIF volvió a exigir ese mismo año a Función Pública que cumpliera lo recogido en el real decreto y, ante la ausencia de respuesta, el sindicato la primera reclamación administrativa por inactividad a finales de 2022.

Posteriormente, en febrero de 2023, se presentó un anuncio de recurso contencioso administrativo, que fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que y emplazó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a remitir en un plazo de 20 días el expediente administrativo para formalizar dicha demanda. Finalmente, dicho expediente fue remitido al TSJM en mayo de este año, más de dos años después, por lo que CSIF ha procedido a formalizar dicha demanda.

El sindicato mayoritario en la AGE recuerda que Función Pública y su titular, Óscar López, "están haciendo dejación de funciones en el desarrollo de cuestiones fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos.