Díaz avisa de que va a eliminar el despido automático en casos de invalidez permanente

Eliminar los supuestos que permiten la extinción de contratos de trabajo y el despido en casos de invalidez permanente. Ese es el nuevo objetivo que se ha marcado ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha anunciado que va a poner en marcha "en los próximos días" una reforma legislativa para que las personas con invalidez permanente y "que estén afectadas por esta legislación en vigor, no puedan ser despedidas automáticamente de sus trabajos", ha explicado la vicepresidenta.

Esta reforma del despido en el caso de invalidez es una vieja una reclamación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha vuelto a la actualidad después de que, el jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que una empresa no puede despedir a un trabajador con discapacidad permanente sin hacer previamente "ajustes razonables" para permitirle conservar su empleo ni demostrar que esos cambios supondrían una carga excesiva. La sentencia de la corte con sede en Luxemburgo dictaminó sobre un litigio planteado en España por un trabajador despedido después de sufrir un accidente laboral.

Hoy, ante la prensa en la clausura de unas jornadas de empleo organizadas por UGT, Díaz ha confirmado que su intención es "acoplar y desarrollar uno de los déficit que tenemos, que es la extinción automática en una serie de casos de invalidez permanente, con una realidad concreta como fue ayer la modificación del artículo 49 de la Constitución", ha señalado Díaz. "Se hará con carácter inmediato", de la mano del diálogo social y como una "separata" de la reforma global del despido que emprenderá el Gobierno en esta legislatura, según ha explicado la vicepresidenta segunda. "Ya se ha hecho una transformación importantísima constitucional, que nos permitirá que en aquellos supuestos legislativos que llevaban automáticamente la extinción contractual, esto es el despido por razón de una discapacidad, la podamos modificar", ha precisado la ministra.

El propio TJUE ha cuestionado esta legislación laboral española por ser contraria a la directiva europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación suscrita en el año 2000. La sentencia dictada por el Alto Tribunal avisa de que la directiva europea se opone a la normativa española que establece que "el empresario puede poner fin al contrato de trabajo por hallarse el trabajador en situación de incapacidad permanente para ejecutar las tareas que le incumben en virtud de dicho contrato debido a una discapacidad sobrevenida durante la relación laboral".

El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores recoge entre los supuestos de extinción de contrato la "gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador". Ante esta sentencia, Díaz ya ha anunciado que "vamos a legislar como pide Cermi para proponer la eliminación de la extinción automática en alguna de las formulaciones de discapacidad permanente".