España: una tierra hostil para jóvenes y jubilados

Desde mediados de los años 50 del siglo pasado, las sucesivas generaciones de españoles consideraban algo natural e irreversible gozar de un nivel de vida superior a la anterior. Sin embargo, en 2024, los jóvenes se encuentran luchando por no vivir peor que sus padres. La precariedad laboral, la alta tasa de paro y la baja actividad de la juventud se traducen en bajos salarios, dificultades para acceder a la vivienda y una emancipación cada vez más tardía. Esta realidad no solo mina sus expectativas de prosperidad, sino que crea una sensación de incertidumbre sobre su futuro.

Un sentimiento que se ve respaldado por una abrumadora evidencia empírica: España ha dejado de ser un país para jóvenes. «Tradicionalmente, cada generación ha superado económicamente a la anterior a medida que alcanzaba la misma edad. Si antes un trabajador joven tardaba cinco años en alcanzar el salario medio de su grupo profesional, ahora tarda diez. Un escenario que irá a peor», explica Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio de la consultora Freemarket Corporative Intelligence, y autor del estudio «España no es país para jóvenes».

Con los años, el mercado laboral español ha ido de mal en peor, sobre todo desde la crisis de 2008. Los jóvenes, en su mayoría con contratos precarios, fueron los que más sufrieron y siguen padeciendo las tasas de desempleo más elevadas. Como muestra, un botón. En España, los ocupados con una franja de edad de entre los 16 y los 19 años suponen el 65,9% de los contratos a tiempo parcial; el 37,1% de aquellos con edades comprendidas entre los 20 y 24 años y el 16,9% de los ubicados entre los 25 y 29 años, mientras que la media del conjunto de la población con ese tipo de contratos es del 13,5%. Y la temporalidad no pinta mejor: un 61,7% de los asalariados de 16 a 19 años y un 46,4% de los de 20 a 24 años tenían contratos temporales.

Peores salarios

El resultado: los jóvenes ganan un 35% menos que la media, y el incremento de los sueldos a lo largo de la vida laboral está siendo sustancialmente más lento que el registrado en el pasado. Mientras la cohorte nacida en 1955 alcanzó la base media de cotización a la Seguridad Social a los 27 años, los nacidos en 1985 no la habían logrado al llegar a los 34. En otras palabras, la juventud española tarda más que las precedentes en conseguir el nivel salarial medio típico de cualquier profesión.

La vivienda, el otro gran problema

Los bajos ingresos no solo afectan a los jóvenes individualmente, sino también a sus hogares. La renta media de los hogares con sustentadores de 16 a 29 años ronda los 16.000 euros, un 15% por debajo de la media nacional, y baja hasta los 11.000 euros anuales en el caso de los hogares sin formación superior. Esta situación hace que más de la mitad de los jóvenes vivan en hogares con dificultades para llegar a fin de mes, un dato 5,4 puntos superior al promedio de la población, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Paradójicamente esto ocurre a pesar de que la juventud actual disfruta, por lo general, de mayores oportunidades educativas que las generaciones anteriores.

Por otro lado, el acceso a la vivienda se ha convertido en un acuciante problema, como refleja un hecho: España ha sido tradicionalmente un país ligado a la propiedad inmobiliaria y, considerando que la vivienda constituye el principal activo-riqueza de las familias españolas, es evidente que las formadas por los jóvenes están experimentando un empobrecimiento significativo. Entre 2011 y 2022, la tasa de propiedad de viviendas entre los hogares más jóvenes descendió un 37,5%. A tenor de los datos, parece que los numerosos intentos por parte de la clase política para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda no están generando los resultados deseados. Según cifras de Freemarket, los nacidos a partir de 1980 muestran un progresivo retraso en su edad de emancipación. El 65,9% de los jóvenes entre 18 y 34 años residen en el hogar familiar, 13 puntos más que en 2008 y 16 puntos por encima de la media de la UE. Del colectivo de jóvenes de entre 18 y 34 años, solo un 12,5% residía en viviendas de alquiler, frente al 52,5% en Alemania, el 35,5% en Francia y el 20% en la UE.

Freemarket atribuye estos malos resultados a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, elaborada por el Gobierno, que califica de «pésima». Incluye medidas como la limitación de los alquileres al 2% y el endurecimiento de las condiciones para desahuciar a los inquilinos. Sin embargo, estas acciones han tenido consecuencias distintas a las perseguidas. «El control de las rentas introducido por el Gobierno afecta a la oferta de viviendas en alquiler a través de dos mecanismos. En el corto plazo, reduce la cantidad porque, en ese periodo, el volumen existente en el mercado es fijo y parte de él no sale o es retirado del mercado; en el largo plazo, restringe los incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, ya que los beneficios de esa inversión no resultan atractivos frente a otras alternativas», señala Lorenzo Bernaldo de Quirós.

A esto se añade que en el primer año desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda los alquileres tradicionales han disminuido en favor de otras fórmulas de arrendamiento menos reguladas, que han incrementado sustancialmente su peso en el mercado inmobiliario. Si durante este periodo, la oferta de alquileres de vivienda habitual se redujo un 37,1%, la de los alquileres de temporada aumentó un 56%. Por su parte, durante ese periodo el precio de los alquileres registró un incremento del 13% interanual y en 35 capitales de provincia se anotaron récords de precio en el cuarto mes del año.

"La idea según la cual la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler es un instrumento eficaz para facilitar el acceso de los jóvenes a ese activo es tan atractiva como falaz"

La idea según la cual la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler es un instrumento eficaz para facilitar el acceso de los jóvenes a ese activo es tan «atractiva como falaz», señala De Quirós. «La experiencia muestra que los grandes proyectos de vivienda pública en régimen de arrendamiento han creado allí donde se han acometido entornos negativos para el desarrollo equilibrado y sostenible de las ciudades. Al quedar fuera del mercado a perpetuidad, ese tipo de núcleos urbanos no son capaces de adaptarse al proceso de reciclaje de la propiedad residencial, imprescindible para que las ciudades sean dinámicas, crezcan y ofrezcan oportunidades habitacionales para todos sus habitantes. Tienden a convertirse en “islas” con un valor declinante, aunque los entornos urbanos circundantes se hayan modernizado y prosperado».

La educación, el otro gran reto

La juventud actual española disfruta, por lo general, de mayores oportunidades educativas que las generaciones anteriores y sin embargo vive peor. La mitad de las personas de entre 25 y 29 años posee estudios superiores, universitarios o de formación profesional superior, cuatro veces más que en 1980. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El estudio de Freemarket apunta como causa al «mal funcionamiento» del sistema educativo público español.

Sustenta estas afirmaciones en una serie de datos. En promedio, España tiene la segunda tasa más alta de abandono prematuro de la educación y de la formación tras Rumanía, el 13,5% versus el 9,5% en la UE y el 9,89% en el área euro. Es también el séptimo país con el porcentaje de «ninis» (jóvenes que ni estudian ni trabajan) más alto de toda la UE, el 12,3% versus el 11,2% en la media UE. Solo tienen registros peores que los españoles Lituania, Chipre, Grecia, Italia, Bulgaria y Rumanía.

"La formación secundaria pública ha dejado de ser un ascensor social, una carrera abierta a los talentos"

«La formación secundaria pública ha dejado de ser un ascensor social, una carrera abierta a los talentos, para convertirse en una trampa en la que los niños y los jóvenes de los entornos económicos menos favorecidos se ven condenados a no desarrollar sus potencialidades y a ver hipotecado su futuro. De este modo, se ha practicado desde los gobiernos una segregación escolar fáctica basada en la posición económica de las familias. Este es el resultado de un sistema de educación universal y público, que no es gratuito porque se paga con impuestos, controlado por los políticos», destaca Lorenzo Bernaldo de Quirós.

Por lo que respecta a la educación universitaria, ésta juega un papel relevante a la hora de explicar el crecimiento económico de los países y sus oportunidades laborales. Aquí los resultados tampoco son buenos para España, con unas tasas de paro del 6,1% en el caso de los estudiantes de enseñanza superior frente al 3,4% en la UE, y del 8,6% en el caso de las mujeres frente al 4,1% registrado en Europa.

Riesgo de pobreza

A eso se añade, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los españoles en edades comprendidas entre los 16 y 29 años del 31,2% en 2023 y una carencia material y social severa del 11,5%. «De entrada, la posibilidad de caer en cualquiera de estos dos estados tiene una relación muy estrecha con el nivel de formación de los individuos, añade de Quirós.

La seguridad de la jubilación, en cuestión

Además, el peso demográfico de los jóvenes ha disminuido drásticamente, pasando del 21,1% en 1989 al 14,8% en 2023, debilitando su voz política en la sociedad. Mientras tanto, la proporción de personas mayores de 65 años ha crecido del 11% en 1980 al 20,6% en 2023, y con la baja natalidad actual, esta tendencia solo se acentuará en el futuro. Pero mientras las generaciones más jóvenes lo tienen peor que sus padres, la seguridad de la jubilación en el mundo se consolida, según el Índice Mundial de Jubilación 2024 (GRI) de Natixis IM. Este índice evalúa los factores que impulsan la seguridad de la jubilación en 44 países en los que la jubilación es un problema social y económico acuciante.

En el informe de este año, España no sale bien parada y desciende dos puestos en el ranking global hasta situarse en el 39 con una puntuación de 49% (un punto porcentual más con respecto a 2023), lo que la convierte, de nuevo, en el peor país de toda la UE. Así, este año, España solo supera a Rusia, Brasil, Turquía, Colombia e India, ya que China y México han adelantado al país en comparación con los resultados de la edición 2022 del GRI. Una situación que se explica por los malos resultados que España cosecha en los subíndices de bienestar material y finanzas en la jubilación, con unas puntuaciones del 16% (tercer peor resultado junto con Brasil) y 58%, respectivamente.

El subíndice de finanzas en la jubilación se basa en los resultados de siete indicadores: dependencia de la tercera edad, morosidad bancaria, inflación, tipos de interés, presión fiscal, endeudamiento público y gobernanza. El gran envejecimiento de la población española conlleva un impacto sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. «España es uno de los países del mundo donde más elevada es la esperanza de vida y donde más se espera que crezca la población mayor de 65 años en las próximas décadas. En consecuencia, es también uno de los países donde más se está incrementando tanto el gasto en pensiones como el ratio de dependencia de la edad avanzada, la relación entre personas mayores de 65 años y población en edad de trabajar», advierte Javier García de Vinuesa, responsable de Natixis Investment Managers Iberia.

El subíndice de bienestar material se basa en los resultados de tres indicadores: igualdad de ingresos, renta per cápita y desempleo. «España sigue anclada en la parte baja de la clasificación del desempleo, en el puesto 44, con una puntuación persistentemente baja. El país sigue lidiando con la prevalencia de los contratos temporales en los sectores del turismo y la hostelería, así como con la baja productividad del país en general, que las reformas laborales en curso aún no han abordado plenamente», explica Javier García de Vinuesa. En términos generales España mantiene desde hace años una evolución negativa en el Índice Mundial de Jubilación (GRI), ya que si en 2014 ocupaba el puesto 30, ha bajado nueve peldaños en 2024.