Los españoles valoran más a los empresarios que al Gobierno

El empresariado es reconocido como un motor esencial para el progreso económico y social de España. Aporta empleo, genera riqueza y es valorado incluso más que el Gobierno y los sindicatos.

Sin embargo, la sociedad sigue asociando a este colectivo con algunas de las preocupaciones más comunes, como los bajos salarios y la percepción de que su principal objetivo es maximizar beneficios .Estas conclusiones forman parte del informe «Empresarios y sociedad, de tú a tú», elaborado por Grant Thornton a partir de la opinión de más de 1.000 ciudadanos y cerca de 250 empresarios. El estudio tiene como objetivo analizar la percepción social del papel del empresariado en un país que, según datos de la Asociación Valenciana de Empresarios, genera el 86% del PIB nacional.

Pieza clave para el progreso económico

El informe destaca que ocho de cada diez ciudadanos (81%) consideran a los empresarios como una pieza clave para el progreso económico y social de España, incluso por encima de la valoración del Gobierno (75%) o de los sindicatos (41%).

Sin embargo, esta valoración varía según la franja de edad. Las personas de entre 50 y 64 años son las que otorgan una mayor importancia a su rol (87%), mientras que los más jóvenes, de entre 18 y 29 años, les dan una valoración más moderada (70%).

Por otro lado, el estudio revela que el 35% de los ciudadanos considera que los directivos son motores clave de la economía, debido a su capacidad para generar empleo y riqueza, mientras que el 29% los ve como responsables de importantes avances económicos, sociales y culturales en el país.

A pesar de esta valoración positiva, casi la mitad de los encuestados (45%) tiene una visión «buena» o «muy buena» del empresariado, con notables diferencias generacionales: el 61% de los mayores de 65 años tiene una percepción positiva, frente al 31% de los menores de 29.

Principales preocupaciones

En cuanto a las contribuciones del empresariado, seis de cada diez ciudadanos (58%) consideran que la principal aportación de los líderes empresariales es la creación de empleo, seguida de la generación de riqueza (37%) y la innovación tecnológica (22%).

No obstante, los aspectos negativos relacionados con el empresariado están relacionados con los bajos salarios (60%), el enfoque excesivo en los beneficios (52%), la falta de compromiso social y medioambiental (33%), y el trato preferencial por parte de las instituciones (19%).

En este sentido, tanto la sociedad como las empresas coinciden en que las subidas salariales son una prioridad. Así, el 71% de los ciudadanos cree que las empresas deberían centrarse en mejorar los salarios, seguidos por un mayor apoyo a la economía local (54%) y un incremento en el compromiso social y medioambiental (53%). Para los empresarios, el reto de aumentar los salarios se presenta como el principal desafío, por encima de la inversión en formación (32%) y la sostenibilidad (30%).

Desconexión

Una de las conclusiones clave del informe es que la desconexión entre la sociedad y el empresariado contribuye a una visión distorsionada de su papel. La mayoría de la ciudadanía (90%) no tiene contacto directo con empresarios o directivos, lo que dificulta una comprensión real de sus contribuciones. De hecho, entre los trabajadores, más de la mitad (51%) tiene una imagen positiva de sus empleadores. Esta distancia también se refleja en la percepción pública de los empresarios, que a menudo son asociados con conceptos como «beneficio» (39%), «lucro» (38%) y «rentabilidad» (31%), mientras que valores como «empatía» (4%), «ética» (3%) y «transparencia» (2%) se perciben con menor frecuencia.

En cuanto al compromiso social de los empresarios, la innovación tecnológica es considerada la mayor prioridad por el 45% de los ciudadanos, seguida de la seguridad y formación de los empleados (27% y 25%, respectivamente). Sin embargo, áreas como la calidad del empleo (15%) y la sostenibilidad medioambiental (12%) reciben una valoración más baja. Además, existe una percepción generalizada de que el Estado favorece a las grandes corporaciones, dejando a las pequeñas y medianas empresas en una posición más desfavorecida.