El Alto Tribunal ha dictado sentencia para aclarar que la indemnización por despido en España debe ajustarse estrictamente a lo establecido en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, fijada en 33 días por año trabajado con los topes legales correspondientes.

Esta resolución subraya que los jueces no tienen potestad para incrementar esta cantidad económica, dejando así la cuantía fuera de posibles interpretaciones judiciales que la modifiquen.

Para comprender el contexto, es necesario distinguir entre los tipos de despido. El despido objetivo se produce por causas como la incompetencia del trabajador o causas económicas de la empresa. El despido disciplinario, por su parte, ocurre cuando el empleado incurre en motivos graves como faltas de asistencia, indisciplina o desobediencia. Finalmente, el despido colectivo o ERE se aplica cuando las dificultades económicas de la organización afectan a un número de trabajadores que supera los umbrales legales.

La estrategia de la acumulación de sanciones

Abogados laboralistas han detallado en redes sociales el mecanismo que, amparado por este marco legal, utilizan algunas empresas para prescindir de un trabajador sin abonar indemnización. La estrategia consiste en no suspender al empleado de empleo y sueldo, sino en imponerle amonestaciones escritas que, al no afectar directamente a su economía, a menudo no son recurridas.

El "truco", según los expertos, radica en que la empresa acumula estas sanciones disciplinarias, aunque puedan ser cuestionables, para luego utilizarlas como justificación de un despido disciplinario procedente.

Frente a esta práctica, la recomendación legal es clara y contundente: recurrir siempre todas las sanciones, en especial si no se ajustan a la verdad. Los expertos insisten en que impugnar incluso las amonestaciones más leves es crucial, ya que si no se hace, estas quedan firmes en el expediente del trabajador. En un eventual juicio por despido, la empresa podrá utilizar esas sanciones no contestadas como antecedentes indiscutibles para demostrar una conducta reiteradamente contraria a las obligaciones laborales, logrando así un despido calificado como procedente y, por tanto, sin derecho a indemnización.