El exceso de regulación, una bota en el cuello de España

Cuando hablamos de economía, es esencial explicar las verdaderas causas de la baja productividad, minúsculo tamaño empresarial y alto desempleo de España. No podemos olvidar que vivimos en un país en el que el gobierno se felicita por tener la mayor tasa de desempleo y holgura laboral de la Unión Europea, un paro efectivo que no ha mejorado desde 2019 y se sitúa en los 3,7 millones en abril de 2025, y que llama récord de empleo a una tasa de actividad de 58,57%, inferior al 58,61% del cuarto trimestre de 2018 según el INE. Un país que dicen que va como un cohete y, sin embargo, la inversión privada está estancada desde 2019 y el país sigue a la cola de la UE en mejora del PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo.

Una de las causas es una fiscalidad confiscatoria y extractiva que ahoga a las microempresas y pymes, que son la mayoría del tejido empresarial español. El esfuerzo fiscal en España supera en un 17-18% la media de la Unión Europea, según informes del Instituto de Estudios Económicos y Eurostat. Esto significa que, en relación con la capacidad económica, las empresas españolas soportan una mayor carga impositiva que la media de las europeas. Además, la suma de la recaudación por Impuesto de Sociedades y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social representa un 12,2% del PIB en España, frente al 10,4% de la media de la UE. De hecho, las empresas españolas aportan un 32,4% del total de la recaudación fiscal, frente al 25,8% de media en la UE, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen un 25,2% del total de la recaudación en España, frente al 17,7% en la UE.

Este factor es un claro desincentivo a la inversión, la creación de empleo de calidad y el aumento del tamaño empresarial, clave para fortalecer la solidez y productividad de la economía española. En España hay 45.296 empresas cotizando menos que cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Las pymes están asfixiadas y la situación se hace insostenible cuando miramos el problema fiscal unido al exceso de regulación.

El instituto Juan de Mariana ha publicado un informe (La curva de Laffer regulatoria, el exceso de regulación y su impacto en la economía) que aterra a cualquiera que quiera emprender. En una presentación con grandes economistas Fernando Pinto, Gregorio Izquierdo, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Manuel Llamas y Diego Sánchez de la Cruz mostraron que la regulación, como el exceso impositivo, tiene un punto de inflexión a partir del cual deja de aportar beneficios y comienza a perjudicar el crecimiento económico y el bienestar social. Este exceso regulatorio se refleja en la denominada "Curva de Laffer Regulatoria”.

Una regulación sencilla, facilitadora y clara es positiva, pero el exceso normativo reduce la inversión, la productividad y la renta per cápita. El punto de inflexión se sitúa en torno a las 450 normas autonómicas anuales, que ya es una barbaridad, en cualquier caso, ya que se une a las trabas estatales. A partir de ese umbral, la regulación adicional resta crecimiento económico. Comunidades como Madrid y País Vasco, con menor densidad normativa, crecen mucho más que otras como Cataluña, donde la carga regulatoria es hasta cuatro veces mayor.

Otros factores relevantes del exceso de regulación es su impacto en el desarrollo de vivienda en España, que se retrasa entre 10 y 14 años por la burocracia, generando un déficit de 423.000 viviendas, según el informe. ¿Y qué se puede decir de los aranceles internos? España es el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista, con 390 normas distintas sobre horarios comerciales. Además, el sector salud sufre por la lentitud en la aprobación de medicamentos (más de 500 días) y la opacidad normativa. En energía, España ha aprobado seis veces más normas medioambientales que Francia, pero obtiene peores resultados ambientales y peor seguridad de suministro y precios para los consumidores.

España ha empeorado de manera alarmante en cuanto a complejidad normativa: su puntuación en el Índice de Complejidad Regulatoria cayó de 26,11 puntos en 2015 a 13,17 en 2022, lo que supone una caída del 50%, quedando la antepenúltima del ranking mundial. Solo Francia y Bélgica, dos países en estancamiento secular, tienen mayor densidad y complejidad normativa que España.

El coste de este exceso fiscal y regulatorio es enorme. En España la ineficiencia en gasto público es de más de 60.000 millones anuales. Pues bien, a ello se añade un coste del "impuesto oculto" del exceso de regulación en España cercano a 70.000 millones de euros anuales. Es decir, el gigantesco agujero fiscal de España se eliminaría si se acabase con la ineficiencia en gasto público y se liberara a la economía de la bota en el cuello del exceso regulatorio.

España no tiene un problema de capacidad de emprendimiento, de talento empresarial, de calidad de empresas, de capital humano o eficiencia del sistema financiero. El problema de España es el exceso burocrático, fiscal y la ineficiencia del sector público. El poder político en España considera a las empresas cajeros automáticos a los que asaltar, y pone a las pymes y familias a su servicio en vez de servir al tejido productivo. España empezará a crecer de verdad cuando el gobierno deje de expoliar a impuestos y entorpecer. El día que España tenga más personas que aporten riqueza y menos que la confisquen será el día en que España empezará a alcanzar su potencial.