La fecha prevista por el Gobierno para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana

La cuenta atrás para una de las reformas laborales más ambiciosas de los últimos años ya ha comenzado. La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, tras meses de negociaciones con sindicatos y de tensiones con la patronal. Aunque la ley aún debe superar su trámite parlamentario, el Ejecutivo ha marcado un calendario claro, y el objetivo es que entre en vigor en el segundo semestre de 2025 y que todas las empresas se hayan adaptado antes del 31 de diciembre del mismo año.

La reforma forma parte del acuerdo que hizo posible el actual Gobierno de coalición, y se presenta como un paso clave para modernizar el empleo en un contexto de transformación digital. Sin embargo, su camino no está siendo fácil, ya que el Congreso ha prorrogado varias veces el plazo para presentar enmiendas al texto y partidos como Junts han advertido con bloquear la iniciativa.

¿Cuándo empezará a aplicarse la jornada de 37,5 horas semanales?

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el martes 6 de mayo de 2025, tras un aplazamiento forzado por el apagón informático sufrido a finales de abril. La norma, que fue consensuada en diciembre de 2024 entre el Ministerio de Trabajo y los principales sindicatos (UGT y CCOO), ha iniciado su recorrido como proyecto de ley lo que implica una tramitación parlamentaria más larga pero también más abierta a enmiendas.

Sin embargo, la tramitación se encuentra ahora en un punto muerto. El Congreso de los Diputados ha prorrogado ya tres veces el plazo para presentar enmiendas al texto. La última ampliación, aprobada el 4 de junio, fija como nueva fecha límite el miércoles 11 de junio. Hasta el momento, ningún grupo parlamentario, ni siquiera los habituales socios del Gobierno ha registrado propuestas, lo que evidencia el estancamiento político en torno a la medida.

A pesar de este bloqueo, el calendario oficial sigue marcando el 1 de enero de 2026 como la fecha límite para que las empresas adapten sus convenios a la nueva jornada máxima anual de 37,5 horas semanales. No obstante, si el texto legal logra avanzar antes del parón parlamentario de verano, la entrada en vigor podría producirse incluso antes. Todo dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de si se logra desbloquear el proceso en las próximas semanas.

Una medida con impacto en más de 12 millones de trabajadores

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, la medida beneficiará directamente a unos 12,5 millones de personas asalariadas en España. Los sectores más afectados serán aquellos con jornadas rígidas o intensivas, como el comercio (2,4 millones de trabajadores), la industria (2 millones), la hostelería (1,4 millones) y la construcción (1 millón).

Aunque algunos convenios colectivos ya contemplan jornadas inferiores a las 40 horas, la nueva ley fijará un límite máximo legal para todos los sectores. Los convenios no podrán establecer jornadas superiores a 37,5 horas semanales, aunque sí se podrán mantener aquellas inferiores si ya están recogidas en los acuerdos.

Registro horario digital y desconexión laboral: claves del nuevo modelo

Además de la reducción de horas, la norma introduce dos pilares fundamentales para garantizar su cumplimiento real:

• Registro horario digital obligatorio: todas las empresas deberán implementar sistemas electrónicos accesibles y verificables que permitan a cada trabajador registrar personalmente su entrada y salida. La Inspección de Trabajo podrá consultar estos datos en tiempo real.
• Derecho a la desconexión digital reforzado: se consagra como un derecho irrenunciable. Ningún empleado podrá ser sancionado por no responder llamadas, correos o mensajes fuera de su horario. El objetivo es evitar que la flexibilidad horaria se traduzca en una disponibilidad constante.

Estas herramientas buscan asegurar que la rebaja de jornada no sea solo formal, sino efectiva, y que el tiempo libre no sea invadido por exigencias laborales encubiertas.

Sanciones para las empresas que incumplan

Para asegurar que todas las compañías se ajustan a la nueva norma, el Ministerio de Trabajo contempla un régimen de sanciones. Las multas por incumplir el registro horario o exceder la jornada máxima podrán alcanzar los 10.000 euros por trabajador afectado.

Desde el Gobierno se insiste en que habrá un margen razonable para que las empresas puedan adaptarse, pero también se advierte de que no habrá tolerancia con quienes intenten eludir la ley. Por ello, se recomienda a las compañías comenzar ya a revisar sus horarios, actualizar sus políticas internas y digitalizar sus sistemas de control de jornada.