La Fiscalía pide el archivo de la investigación de la ampliación de capital del Popular en 2012

La Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a la excúpula del Banco Popular por una posible estafa a los inversores en la ampliación de capital del Banco Popular en 2012, que archive la causa al no apreciar indicios de los delitos atribuidos, entre otros, al expresidente de la entidad Ángel Ron.

Anticorrupción esgrime el último informe remitido al tribunal por los inspectores del Banco de España, tras cuyo análisis descarta que se falsearan las cuentas con el objetivo de captar inversores. En el escrito remitido al instructor, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio Público recuerda que en este procedimiento precisamente se trataba de esclarecer si "la información pública que se suministró sobre dicha operación contenía omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores".

La fiscal Anticorrupción Mercerdes Dorremochea recuerda que la ampliación de capital de 2012 se produjo "en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes estados a adoptar medidas que paliaran la situación, que en el caso de España consistieron en implementar estrictas medidas en el sector bancario".

Medidas que consistieron, por ejemplo, añade, en "someter a las entidades a una serie de pruebas para determinar cómo podrían reaccionar en escenarios adversos" o mediante los reales decretos-ley 2/2012 de 3 de febrero y 18/2012 de 11 de mayo, "teniendo todo ello el objetivo de incrementar los requerimientos de solvencia de las entidades bancarias, calculándose las provisiones que debían alcanzar las diferentes entidades a través de las pruebas de estrés de Oliver Wyman".

"Conforme a la legislación vigente"

El Banco Popular, asegura, tenía que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales, por lo que la entidad "decidió cumplir con los requerimientos a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudadas públicas", recurriendo a la ampliación de capital ahora bajo la lupa.

La operación, sostiene, se efectuó "conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes, tomándose la decisión en una Junta General Extraordinaria, habiendo efectuado varias reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración, donde se barajaron las distintas opciones para el aumento de las provisiones, así como las ventajas e inconvenientes". El Popular, continúa, presentó además "la información legamente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma".

En sus cuentas anuales, destaca, el Popular reconocía pérdidas de 2.300 millones de euros "unas reclasificaciones a dudoso de 9.436 millones de euros brutos (5.701 millones netos), considerándose la valoración del fondo de comercio que fue objeto de discusión y quedando pendiente reclasificar a dudoso una parte de los importes pendientes identificados por la inspección, reclasificando 3.920 millones de euros en 2013".

Un omisión no "relevante"

La Fiscalía no considera esa omisión, sin embargo, "suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores". Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que en la información proporcionada ya se abordaba "la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas" y que existía un informe de Deloitte que ya señalaba "que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección de Banco de España, resultando finalmente beneficiosa la operación para los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado"

El juez Pedraz abrió diligencia en abril de 2022 para investigar los hechos tras la querella interpuesta por el abogado Miguel Durán por delitos de estafa a inversores o de falsedad en la información facilitada a los mismos contra el expresidente y vicepresidente del Popular, Ángel Ron y Roberto Higuera, respectivamente, y contra el propio banco.

En la misma Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama investiga desde 2017 la resolución del Banco Popular tras la ampliación de capital de 2016.