Giro de Escrivá: cuando subir las cotizaciones no arreglaba las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicará hoy en el Pacto de Toledo la segunda parte de la reforma de las pensiones que, a juzgar por los adjetivos cosechados por parte de los empresarios («hachazo», «confiscatoria», «impuesto brutal al talento»...), no contará con el apoyo de la CEOE. Todo por la subida de cotizaciones y la llamada cuota de solidaridad, que implicará sobrecostes a trabajadores y empresas para tapar parte del agujero de las pensiones a base de detraer recursos de la economía productiva.

El giro de Escrivá para contentar a sus socios en el Gobierno y el Parlamento es más que notorio porque hasta antes de ayer rechazaba la necesidad de subir las cotizaciones para resolver el «sudoku» de las pensiones. En julio de 2021, con año y medio al frente de la cartera de la Seguridad Social y en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, Escrivá aseguraba que en España «tenemos ya cotizaciones sociales muy altas y más altas que la mayoría de nuestro entorno» y que el problema eran «los gastos impropios» que tenía que afrontar la Seguridad Social con los recursos generados, precisamente, por esas cotizaciones.

No era nada nuevo, ya que como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) siempre defendió esa postura. De hecho, en abril de 2019, a unos meses de convertirse en ministro, Escrivá se permitía lanzar al primer Gobierno de Pedro Sánchez varias recomendaciones para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y descartaba la necesidad de incrementar las cotizaciones sociales para hacer frente al aumento en el gasto de la Seguridad Social.

En esas recomendaciones de la AIReF para la sostenibilidad del sistema se remarcaba que «las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose 6 puntos por encima de la media de la OCDE», una afirmación a la que se adjuntaba un cuadro en el que, en el caso de España, el peso de las cotizaciones sociales sobre el coste laboral alcanzaba el 28%, por el 22% de media de la OCDE. Y sobre la tentación de subir esas cotizaciones, Escrivá afirmaba que «se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, si no únicamente una reconfiguración de las mismas».

Este planteamiento, muy alejado del que hace gala en la actualidad Escrivá, no es la única distorsión que se produce en su discurso sobre las pensiones en tan corto espacio de tiempo por parte de un alto funcionario que hace gala del carácter técnico de sus conclusiones, respaldadas siempre por un aluvión de datos y gráficos y que, por tanto, deberían de ser impermeables al paso de tan corto espacio de tiempo.

Además de esta contradicción con las tesis que Escrivá defiende en la segunda parte de su reforma del sistema de pensiones, el ministro aseguraba entonces que «aumentar la carrera de cotización considerada para el cómputo de la pensión desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027 supondría un ahorro de 0,5 puntos porcentuales de PIB en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia», por lo que recomendaba fervientemente a Sánchez «aumentar la carrera de cómputo de la pensión», algo que no ha puesto del todo en práctica ya que el periodo de cómputo se quedará en 25 años (como estableció la reforma de las pensiones de 2011, en la que se pasó de los 15 de entonces a esos 25 años y sobre la que Escrivá pedía profundizar).

Finalmente, la ampliación a 35 años «nunca estuvo sobre la mesa», según el ministro, que planteó una oferta a 30 años descartando los dos años de cotización menos favorables para el trabajador, que ha quedado diluida en 29 años descartando los dos peores. O sea 25 años hasta 2044 para quienes tengan carreras de cotización «lineales» en las que han ido cotizando progresivamente más. Hasta esa fecha, los trabajadores con carreras más inestables podrán optar por los 27 mejores sobre los últimos 29.

Y eso pese a que Escrivá destacaba las bondades de la puesta en práctica de su modelo: «Aplicar la reforma de aumento de la edad de jubilación y de la carrera de cotización contendría el gasto en pensiones en 1,6 puntos porcentuales, mejoraría la tasa de cobertura y reduciría a la mitad el incremento de la deuda en el escenario central».