El Consejo de Ministros, el segundo del nuevo curso tras el verano, ha aprobado este martes el proyecto de ley para condonar hasta 83.152 millones de deuda de las comunidades autónomas con el objetivo de contentar a sus socios independentistas y recuperar la mayoría para afrontar el nuevo curso con el reto de sacar adelante unos nuevos presupuestos tras dos prórrogas.

"No ha habido ningún agravio con ninguna parte del territorio. El resultado de esa iniciativa que promovió ERC se generalizó al conjunto de comunidades autónomas. Termina siendo buena para todos", ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El anteproyecto de ley que aprobamos hoy refuerza el Estado del bienestar suponiendo un paso más para la autonomía financiera", ha añadido. Montero ha señalado que "menos deuda significa más Estado del bienestar", ya que las comunidades podrán dedicar más parte de los recursos para políticas educativas, sanitarias y de dependencia. Además de la deuda condonada, Montero ha destacado que las comunidades se podrán ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses. Asimismo, ha incidido en que con la quita las regiones recuperan autonomía financiera y política, ya que las comunidades que no pueden salir al mercado a financiarse por su alta carga de deuda ahora sí podrán hacerlo o tendrán el camino allanado.

¿Qué comunidades serían las más beneficiadas?

Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos. Si se suman la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y la Comunidad de Madrid (8.644 millones), el porcentaje sube al 67% del total. Las siguientes comunidades más beneficiadas por la quita de deuda serían Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y, en último lugar, La Rioja (448 millones). En los cálculos de Hacienda no se incluye ni a País Vasco ni a Navarra al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

Según recogen los Técnicos de Hacienda (Geshta), desde otra óptica, la deuda cancelada representará 24,6% de la deuda pública autonómica a marzo 2025, según el Protocolo de Déficit Excesivo, llegando al 51% de su deuda en el caso de Canarias y al 46,4% en Andalucía, seguidas por encima de la media estatal por el Principado de Asturias (37,3%), Galicia (33%), Extremadura (30,7%), Castilla-La Mancha (30,4%), Castilla y León (26,1%), La Rioja (25,3%), Cantabria (25%) y la Región de Murcia (24,9% de su deuda a condonar). En el caso de Cataluña es el 19,1%.

Por su parte, la deuda cancelada por habitante ajustado, que sería de 1.892 euros de media para todas las comunidades, beneficiaría especialmente a la Región de Murcia (2.284,5 euros) Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, (2.284,4 euros por habitante en las tres) y Castilla-La Mancha (2.284,3 euros). Les siguen Islas Baleares (1.551,3 euros), Aragón (1.505,7 euros), Extremadura (1.505,6 euros), Islas Canarias (1.498,5 euros). Cierra el ranking la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y La Rioja (1.368,9 euros por habitante ajustado en todas).

Cómo se calcula la condonación de la deuda por comunidades

La metodología beneficia a las comunidades que han tenido un trato menos favorable por parte del sistema de financiación y que han aplicado más subidas fiscales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el mecanismo para determinar la condonación de deuda autonómica se articula en tres fases. En la primera, se compara la evolución del endeudamiento entre 2009 y 2013 con la registrada entre 2019 y 2023. De este cálculo resulta una condonación media equivalente al 19% de la deuda viva de las comunidades al cierre de 2023.La segunda fase introduce un ajuste: se concede una condonación adicional a los territorios situados por debajo de esa media del 19,3%, con el fin de reducir los desequilibrios entre regiones.

La tercera fase incorpora dos correcciones para reforzar la equidad. En primer lugar, se fija como referencia la comunidad con mayor condonación por habitante ajustado —la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros— y se eleva hasta ese nivel a aquellas autonomías que hayan recibido una financiación per cápita inferior a la media entre 2010 y 2022. Además, se añade un incentivo ligado al uso de la autonomía fiscal en el IRPF: las comunidades que aplicaron subidas fiscales por encima de la media entre 2010 y 2022 podrán beneficiarse de una condonación extra del 10%, que será del 5% para quienes se situaron por debajo.

Cuál es la siguiente fase que debe superar el proyecto de ley

Tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, el texto se enviará a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) para que continúe su recorrido parlamentario. Por el momento, y contando con el rechazo del PP, el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para sacar adelante la condonación en el trámite parlamentario, ya que algunos socios como Junts han expresado sus dudas porque critican que la medida sea extensible a todas las comunidades.

¿Qué pasa con la deuda condonada?

Los Técnicos de Hacienda explican que la condonación de deuda autonómica es un simple ajuste interno sin efectos hacia el exterior, por lo que el nivel de endeudamiento público de España sería el mismo, ya que la deuda simplemente pasaría de estar en manos de las comunidades autónomas a las del Estado. Por lo tanto, los compromisos con la Unión Europea no se verían afectados. Sin embargo, en clave interior, las comunidades autónomas reducirán el reembolso de una parte de la deuda y del coste de intereses (entre 6.600 y 6.700 millones), mejorando sus necesidades de tesorería y facilitando el objetivo de déficit, respectivamente, mientras que el Estado podría verse afectado en menor medida, incluso si necesita endeudarse para realizar las transferencias a determinadas Comunidades para cancelar una parte de las deudas con terceros, sea a las comunidades no acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o porque el importe de la cancelación excede de la deuda con el FLA.

Qué dicen las voces críticas

Las comunidades del PP rechazan la quita de deuda, derivada del pacto de investidura que alcanzó el PSOE con ERC en 2023 para condonar una parte de la deuda de Cataluña y siendo aplicable a otras regiones, al entender que se trata de una "trampa" y una "exigencia" del independentismo catalán, aunque algunas asumen que se acabarán acogiendo pese a considerarla "injusta", señaló el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. La decisión final de acogerse o no a la quita recae sobre los gobiernos regionales, pero no hacerlo les generará un perjuicio frente a las regiones que sí lo hagan y no todas disponen de unas cuentas tan saneadas como para rechazar esta fórmula.

Los Técnicos de Hacienda admiten que la condonación por el Estado se ha convertido en otro punto de la confrontación política, pero ven "difícil que los Ejecutivos autonómicos se resistan a que el Gobierno les rebaje la deuda". De hecho, según sus estimaciones, los gobiernos populares recibirían el 71,7% de la quita de deuda, unos 59.714 millones. Aunque los Técnicos de Hacienda (Gestha) señalan que con la medida las comunidades autónomas reducirán el reembolso de una parte de la deuda y del coste de intereses, mejorando sus necesidades de tesorería y facilitando el objetivo de déficit, advierten de que la quita es solo "una solución parcial e incompleta" al actual modelo de financiación (de 2009) "obsoleto" que provoca "importantes déficits a buena parte de las comunidades para financiar con suficiencia sus gastos públicos".

En este sentido, Gestha pide a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, una vez aprobado el proyecto de ley de condonación de la deuda, se prosiga con la negociación del cambio de modelo de financiación autonómica. Finalmente, los técnicos también proponen un cambio de financiación de ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales. Fedea, por su parte, critica que una condonación incondicional de deuda puede incentivar a las comunidades a endeudarse sin control bajo la idea de que el Estado saldrá a su rescate en caso de necesitarlo.