Hacienda se niega a revelar el supuesto informe de la Abogacía que aprobaría la senda fiscal pese a reclamarlo Transparencia

El polémico y supuesto informe de la Abogacía al que se ha arrogado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para seguir adelante con la senda fiscal, el techo de gasto y los Presupuestos Generales de 2024 seguirá siendo un "secreto" por lo menos hasta que el PP vuelva a rechazar el texto en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y ya lo hizo en la primera presentación.

Será en ese momento en el que lo haga público para dotar de armazón legal la presentación de las Cuentas para el presente ejercicio. Dicho informe fue anunciado por la vicepresidenta en la reunión de diciembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En él aseguró que su texto "avalaba legalmente" fijar los objetivos de estabilidad aprobados en abril por el Gobierno y remitidos a la Comisión Europea si no conseguían prosperar en la Cámara Alta hasta en dos ocasiones por el rechazo del PP.

El Ministerio de Hacienda rechaza así facilitar al Portal de Transparencia el informe, que ha reclamado su contenido. En respuesta a la solicitud de un particular, la Subsecretaría de Hacienda denegó la petición porque, al ser un texto relativo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y estar en fase de elaboración, podría suponer «un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión». Además, alega que la publicación del informe difunde aspectos de la política económica del Gobierno, lo que podría dar lugar a que los operadores económicos «puedan anticipar comportamientos no deseados», según ha reseñado Europa Press .

Según han confirmado fuentes ministeriales, se ha negado la petición acogiéndose al artículo 14 de la Ley de Transparencia, en el que se estipula que el derecho de acceso a la información podrá ser limitado cuando suponga un "perjuicio para la política económica y monetaria". Desde el Ministerio se han limitado a referir que, en realidad "no ha existido ningún rechazo", ya que la información requerida "se hará pública cuando sea efectivo", es decir, si el Senado tumba por segunda la vez los objetivos de estabilidad.

En el documento enviado al Portal de Transparencia, la Subsecretaría de Hacienda recuerda que es el artículo 134 de la Constitución el que fija el carácter anual de los Presupuestos Generales del Estado, así como la competencia del Gobierno para su elaboración y de las Cortes Generales para su examen, enmienda y aprobación. También cita el artículo 135, reformado en 2011, que fija que el déficit estructural no puede superar los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros y el máximo establecido en los objetivos de estabilidad aprobados por Congreso y Senado. "Esta obligación supone una limitación de la capacidad de gasto del Estado y, por ende, de la autorización de gasto que ha de contenerse en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado", reza la respuesta de Hacienda.

El Consejo de Ministros volvió a aprobar el pasado martes los mismos objetivos de déficit, deuda y techo de gasto que en su primer intento, sin cambiar ninguna de las grandes cifras, de modo que volverá pasar por el filtro del Senado, por el que todo apunta a que será de nuevo rechazado y devuelto al Congreso. Será en ese momento en el que Montero haría uso del informe de la Abogacía y cuando, por fin, se conocerá su contenido, del que duda el primer partido de la oposición. "Nuestra reclamación para conocer ese informe también cayó en saco roto, por lo que hasta que no conozcamos su contenido, si es que existe, no sabremos su validez real".