Infraestructuras prioritarias, asignatura pendiente de España

Cortar cintas en la inauguración de puentes, autopistas, aeropuertos o líneas ferroviarias de alta velocidad es una buena instantánea para el ministro, presidente de comunidad autónoma o alcalde de turno para sacar pecho sobres las bondades de la gestión de su gobierno por el impacto positivo que tendrá sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. Es una realidad que España dispone de una moderna red de transportes, que le ha facilitado la salida de la crisis, al impulsar el turismo y las exportaciones. Los 3.152 kilómetros de vías de ferrocarril de alta velocidad convierten a España en el segundo país del mundo con una red más extensa, tan sólo por detrás de China. También contamos con el primer operador mundial de tráfico portuario, la red de autovías más larga de Europa y con tres puertos entre los 11 mayores de Europa. En cuanto a las empresas, la diez principales compañías facturan anualmente más de 71.000 millones de euros, empleando a 450.000 personas en todo el mundo, siendo, además líderes globales en la promoción de infraestructuras mediante concesiones con más de 265.000 millones de dólares invertidos desde 1985, y siendo las segundas del mundo por grado de internacionalización. Sin embargo, España tiene bastantes asignaturas pendientes.

España, según el baremo de World Economic Forum, que puntúa el nivel de infraestructuras de un país de 0 a 7, se encuentra en el «top ten» mundial, con una nota de 5,9.

Sin embargo, nuestro país cuenta con importantes carencias en capítulos fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, tal y como advierte la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La partida dedicada a inversiones públicas es la que más ha menguado en los últimos ejercicios. Y como muestra, un botón. Desde 2009, año excepcional por el Plan E, el dinero destinado a ello no ha hecho más que reducirse. Nuestra inversión pública en relación al PIB en 2016 y 2017 se situó en el 1,9% y el 2%, respectivamente, lo que equivale a la registrada en 1979. Y es que , actualmente, invertimos al año 30.500 millones de euros menos que en 2007, lo que supone una reducción del 58%, y del 61% si se compara con el pico máximo de 2009, cuando se alcanzaron los 56.385 millones de euros, alerta Seopan. «Tras ocho años de consolidación fiscal, la inversión pública no ha hecho más que reducirse, al soportar el 46% del ajuste total operado en el gasto público. Por el contrario, seis de las diez mayores economías del mundo lideran la inversión en infraestructura con una cartera de proyectos de 353.000 millones de dólares», explica Julián Núñez, presidente de Seopan. Y es que no invertir en infraestructuras compromete gravemente nuestra competitividad e impacta negativamente en la cohesión territorial.

El resultado de este drástico recorte es un mapa de obras inacabadas y otras muchas deterioradas por la falta de mantenimiento. Y es que España no está destinando el dinero necesario en la conservación de las infraestructuras ya existentes. Nuestro gasto en carreteras y ferrocarriles representa la mitad y la séptima parte, respectivamente, que la media de los países europeos comparables.

Así, la conclusión que se puede extraer es que España cojea, y mucho más, si se habla de infraestructuras consideradas prioritarias. La caída en inversión está teniendo un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos, al mismo tiempo, que expone a España a millonarias multas por parte de las autoridades europeas como consecuencia de los incumplimientos a la hora de aplicar directivas. En este sentido, España acumula un déficit inversor superior a los 114.000 millones de euros en infraestructuras públicas prioritarias de elevado impacto social. Seopan calcula que, al ritmo de contratación actual, España tardará entre 39 y 136 años en resolver el déficit inversor acumulado en estas construcciones.

Ejemplos

El 72% de nuestra superficie está en situación de estrés hídrico severo. Peso a ello, España invierte un 56% menos que la media de los principales países de la UE. Según los cálculos de la patronal del sector, existen unas pérdidas en abastecimiento del 26% como consecuencia de una deficiencia real de distribución.

En tratatamiento de aguas residuales, España incumple la normativa europea que obliga a tratar el 100% de las mismas. Este mismo verano, el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España a pagar una multa de 12 millones de euros, a la que se une otros 11 millones en concepto de indemnización por cada semestre de retraso en adecuar a la normativa europea en la depuración de aguas residuales en distintos municipios del país.

Esta falta de inversión también afecta a otras áreas de actividad, puesto que limita, por ejemplo, el crecimiento de la rentabilidad del sector agrícola, cuya aportación al PIB es del 3,8%. Asimismo, dificulta la regulación de las conexiones que ayudarían a paliar los efectos de las inundaciones.

El transporte de mercancías por ferrocarril tienen una cuota del 4%, muy inferior a la del resto de países de nuestro entorno, lo que supone una grave ineficiencia desde la perspectiva del ahorro energético y la gestión del medio ambiente sostenible.

Asimismo, el problema de los atascos en las grandes ciudades sigue creciendo. Un español pierde de media 18 horas al año como consecuencia de estas dificultades de tráfico. En ciudades como Madrid y Barcelona, el problema se agrava, elevándose a 28 y 22 horas, respectivamente.

Las dificultades en la movilidad están muy ligadas a la contaminación. Así, la emisión de CO2 es cada vez más alarmante. Un tercio de la población española vive en zonas donde la exposición a gases contaminantes supera los limites legales, mientras que un 60% de los ciudadanos que habita en núcleos urbanos convive con niveles de ruido considerados perjudiciales. En este sentido, es clave y urgente mejorar la movilidad urbana para facilitar el acceso a las ciudades. Por todo ello, Seopan y la empresa de ingeniería Sener han elaborado un catálago con 814 actuaciones prioritarias ya planificadas, con una inversión que asciende a 103.780 millones de euros. Si España realizara esta inversión, además de cumplir con las directivas europeas, dinamizaría de forma muy importante nuestra economía, al generar 78.907 millones de euros de actividad económica, 50.851 millones de retornos fiscal vías impuestos y crearía más de 994.000 empleos.

McKinsey cifra en 3.300 millones de dólares la necesidad global anual de inversión en infraestructura de transporte, energía, agua y telecomunicaciones para atender el crecimiento económico hasta 2030. Actualmente, la inversión global anual se sitúa en 2.500 millones con una tendencia decreciente que ampliará el gap inversor y que como mejor alternativa posible deberá ser financiado recurriendo a la colaboración público-privada. «Las infraestructuras son clave para nuestro desarrollo económico y modelo de bienestar. Por ello, su priorización y financiación deber ser materia de Estado. Debe ser una prioridad adaptar nuestra realidad económica al actual modelo de financiación, pues el actual es insuficiente», concluye Núñez.