La reforma eléctrica carga la deuda, vía tarifa, sobre las eléctricas

El Ministerio de Industria era un hervidero en la tarde de ayer. El titular del ramo, José Manuel Soria, mantuvo una rueda de reuniones sin descanso con los principales actores del sector energético para poner negro sobre blanco la reforma energética que ha diseñado su departamento.

Según confirmaron fuentes del sector a este diario, el malestar entre los representantes de las grandes eléctricas (especialmente Iberdrola y Endesa) era patente después de que a los cerca de 1.000 millones de euros de recortes en la distribución y el transporte se vayan a sumar parte de los 1.800 millones de los sobrecostes de la actividad extrapeninsular.

Esto implica que, finalmente, Hacienda no ha dado su brazo a torcer y que esa partida que Industria esperaba endosar a los Presupuestos Generales del Estado deberá de ser asumida vía tarifa, por las eléctricas o mediante una solución intermedia: un reparto entre los consumidores y los generadores de electricidad en las islas.

En la práctica esto se traducirá en una subida del próximo recibo de la luz que dependerá de la cuantía de esos 1.800 millones que paguen los consumidores. Según estimaciones del sector, si se endosara a la tarifa la mitad de ese sobrecoste (900 millones) el recibo podría subir en el entorno del 4%.

Este incremento podría ser incluso mayor, puesto que se estima que la factura asumirá entre 200 y 300 millones adicionales.

La partida de sobrecostes extrapeninsulares se crea como consecuencia de que la generación eléctrica es más cara en las islas (donde el precio de la electricidad está completamente fijado). La diferencia no se carga a los consumidores de las islas, sino que se reparte «entre todos». Conforme a una norma aprobada en la anterior legislatura, este sobrecoste era asumido por los Presupuestos aunque se contemplaba un traspaso escalonado de este coste a la tarifa. Sin embargo, los objetivos de déficit público han forzado al Ejecutivo a sacar esta partida de los PGE.

Éste era el principal escollo que quedaba por dilucidar para la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy del segundo paquete de medidas de la ansiada reforma energética que deberá acabar con un agujero eléctrico que supera los 26.000 millones de euros. Un déficit de tarifa que crecería a razón de unos 4.000 millones anuales –en el mejor de los escenarios– durante los próximos años sin las medidas que ajusten los ingresos y los gastos hasta dejar a cero el contador.

Lo que parece claro es que a la fórmula del ministro de Industria, según la cual el reparto del «sufrimiento» para enjugar esos 4.000 millones de déficit estructural debía repartirse de forma «equitativa» entre las empresas, los consumidores y el Estado, se le ha caído la última variable.

El peso para enjuagar ese desajuste recaerá sobre las empresas del sector, que sufren un fuerte impacto es sus cuentas sean tradicionales o renovables, y en los consumidores, que verán encarecido el recibo de inmediato.

Mientras las grandes eléctricas asumirán unos recortes que superan los 1.700 millones de euros entre todas las partidas, las energías renovables lograron rebajar el ajuste en las primas que reciben, que será de unos 800 millones. La pelea entre ambos sectores ha sido enconada para tratar de evitar llevarse la peor parte del ajuste contenido en la reforma.

Varios fondos de inversión estadounidenses con fuertes intereses en el sector renovable español han amenazado –según indican las eléctricas– con una batería de reclamaciones judiciales si el Gobierno volvía a recortar las ayudas que recibe este sector.

Según confirmaron fuentes de Industria, hoy se aprobará el paquete principal de la reforma, que se irá articulando a lo largo de los próximos meses y que podría sufrir relevantes modificaciones por el camino.

Además, la reforma «limpiará» de paja la factura eléctrica, donde se acumulan desde hace 50 años impuestos de todo tipo que suponen casi la mitad del recibo, y regulará el autoconsumo con balance neto, que llevará incluidos una serie de peajes por el uso de la red.

Esta batería de medidas es una de las reformas más esperadas por el sector y por las autoridades europeas para acabar con la incertidumbre generada por el desajuste eléctrico y los vaivenes en la política energética que se han ido produciendo entre las distintas legislaturas.