La solución del Gobierno para los VTC es jurídicamente «inadecuada»

El decreto ley que propone Fomento no puede modificar la delegación de las competencias VTC.

El decreto ley que promete aprobar el Ministerio de Fomento el próximo 14 de septiembre –con el que quiere transferir las competencias de las licencias de vehículos de alquiler de transporte con conductor (VTC)– es una fórmula «manifiestamente inadecuada desde el punto de vista constitucional», según sostiene el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Santiago Muñoz Machado, en un informe sobre los problemas jurídicos del conflicto entre los taxistas y el sector de los VTC.

El problema, según el catedrático, es que no existe «ninguna razón de urgencia» para que se apruebe una ley para resolver un problema que debería resolverse por la vía administrativa ordinaria. El Tribunal Constitucional considera que, para ello, tendría que tratarse de un «caso excepcional» que no fuera remediable por «los instrumentos normales de la Administración». En estos momentos, las competencias de las licencias VTC son competencia del Estado, pero delegadas –no transferidas– a las comunidades autónomas. Esta delegación en relación con los transportes por carretera está recogida en una Ley Orgánica de 1987. Otro problema que plantea el abogado Muñoz Machado es que los decretos leyes no pueden modificar una Ley Orgánica porque, según el artículo 86.1 de la Constitución, estas fórmulas jurídicas no son válidas para afectar «al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado» ni «al régimen de las comunidades autónomas».

En el informe, el abogado concluye que «el decreto ley no es un instrumento normativo idóneo para reformar el orden de competencias» de autorización de los VTC a los entes locales, como los Ayuntamientos y las áreas metropolitanas. Además, considera que, para que sea legítima, «la medida tendría que venir acompañada de la adecuada indemnización a los titulares de licencias afectados». Estas indemnizaciones se calcularían en base a las amortizaciones, gastos e ingresos dejados de percibir durante lo que dure la suspensión del servicio.

Desde el sector de los VTC se acogen a este informe para defender su postura y echar por tierra la propuesta del Gobierno. Además, durante los últimos días han mostrado su descontento por la tensa situación con los taxistas. De hecho, el presidente de Unauto –la patronal de los VTC–, Eduardo Martín, envió el pasado domingo una carta a la Dirección General de Policía donde muestra su «preocupación e inquietud ante la seguridad e integridad de los conductores» con licencia VTC «y de los clientes que hacen uso de este servicio». Martín también se puso en contacto con el Defensor del Pueblo y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

La Policía Nacional está investigando más de 60 denuncias en Madrid por agresiones físicas, daños a vehículos y coacciones contra los VTC y ha detenido a tres taxistas durante esta semana, según informa Efe.