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Paro

Más de 1,9 millones de parados no cobran la prestación de desempleo

Los parados de larga duración superan ya el 40%, sólo 700.000 cobran algún subsidio y 1,2 millones no tiene ninguna ayuda, constatan Fundación BBVA y el Ivie

Varias personas hacen cola en una Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
Varias personas hacen cola en una Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),Óscar CañasEuropa Press

En plena polémica sobre la reforma del desempleo y sus prestaciones, que ha enfrentado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la de Economía, Nadia Calviño, por sus diferentes enfoques de dicha reforma, el paraguas social que aseguran desde el Gobierno se ha multiplicado durante la anterior legislatura quedaría en entredicho tras el análisis de los datos facilitados por la última Encuesta de Población Activa (EPA) y por el Servicio de Empleo Público (SEPE), que reflejan que casi dos millones de parados no tiene acceso ni derecho a la prestación por desempleo.

Así lo constata el estudio «El coste social del desempleo», dirigido por Antonio Villar, Sara de la Rica y Lucía Gorjón García y elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que advierte de que el 41% de los más de 2.850.000 de desempleados son de larga duración –los que están más de un año sin trabajar–, y un 28% han permanecido desempleados durante más de dos años –unos 700.000 trabajadores–. Además, dos tercios del total no recibe la prestación del paro, lo que elevaría a 1,9 millones de parados los que no tienen derecho a percibirla. De ellos, sólo 700.000 han podido acceder al subsidio de desempleo de 480 euros, por lo que la cifra de desempleados que no disponen de ningún tipo de ingreso ni ayuda pública supera los 1,2 millones.

Esto significa que casi uno de cada tres trabajadores registrados en el SEPE como inactivo no percibe ayudas, un porcentaje que se ha elevado en casi 20 puntos desde 2009, sobre todo como consecuencia del elevado número de parados de larga duración, que suman 1,16 millones, de los que cerca del 70% llevan más de dos años en busca de empleo, otra de las razones por las que habrían dejado de percibir la prestación. «La proporción de parados sin acceso a las prestaciones por desempleo» conforma un grupo de trabajadores que ha sido «progresivamente marginado» y a los que les resultará «extremadamente difícil encontrar un trabajo», apunta el informe, que forma parte del programa de investigación en socioeconomía de la Fundación BBVA y del Ivie.

El estudio también resalta que el 30% de los parados soporta el 90% del coste social del desempleo, que se mide «como la pérdida de bienestar que genera la falta de trabajo en el conjunto de la población», explican. Ese 30% está compuesto básicamente por «mayores de 45 años, que llevan más de dos años desempleadas, no perciben ninguna prestación, tienen un nivel educativo medio-bajo y son mayoritariamente mujeres». Los datos reflejan que «la caída en la tasa de paro no ha sido suficiente para compensar el deterioro del bienestar de las personas que siguen desempleadas, en particular las de larga duración», además de constatar que la situación de cada desempleado mejora o empeora según la comunidad autónoma en la que vive y que tipología de parado es.

El estudio subraya también que la actual configuración del desempleo supone un «desaprovechamiento de recursos y una reducción tanto del bienestar personal (pérdida de rentas y autoestima) como del bienestar social (problemas de integración y cohesión social)». Estos «efectos indeseados se magnifican en el caso del paro de larga duración», que además tiende a «cronificarse», o cuando los desempleados «no tienen derecho a ninguna prestación», avisan los autores del informe.

La última EPA reflejó una tasa de paro del 11,8% en España, frente al 27% que casi se llegó a alcanzar en 2012. Sin embargo, BBVA y el Ivie advierten de que «este buen dato resulta menos positivo cuando se analiza también la duración y la cobertura de prestaciones de los desempleados». Además, creen que esta «incapacidad de la tasa de paro de reflejar aspectos sociales» debe llevar a un cambio en su medición.