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Nuevo mazazo del Supremo a la Generalitat por la adjudicación de Aguas Ter Llobregat

La Razón
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El intento de la Generalitat por ganar tiempo en el litigio relacionado con su controvertida adjudicación de Aguas Ter Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona tiene cada vez menos recorrido. El Tribunal Supremo (TS) propinó ayer un nuevo mazazo a la administración autonómica al desestimar el recurso de casación presentado por la Generalitat para dejar en manos de Acciona la gestión de ATLL. Cabe recordar que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) ya se opuso a esta adjudicación en enero de 2013 por el incumplimiento del pliego de condiciones.

El Govern de CiU acometió la concesión por espacio de 50 años en plena campaña electoral de noviembre de 2012–sin el Parlament constituido– y sin esperar a la resolución del OARCC, que acabó pronunciándose en contra de la adjudicación a Acciona-BTG Pactual. El Supremo ha vuelto a censurar esta maniobra de la Generalitat y ha considerado que es «difícilmente explicable» el hecho de haber materializado la concesión sin esperar a la opinión del OARCC, cuyos argumentos avala plenamente el TS. «Tal actitud tiene toda la apariencia de una especie de carrera con el OARCC en un intento de anticipar a la decisión de dicho órgano un hecho consumado», razona la sentencia del Supremo.

Los fallos contra la Generalitat siguen, por tanto, acumulándose y la sombra de una multimillonaria indemnización a Acciona continúa extendiéndose sin que el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, haya sido capaz de dar explicaciones sobre la cantidad con que debería compensar al adjudicatorio por revocar la concesión de ATLL.

Vila tiene un gigantesco frente ante sí, puesto que ha logrado unir a todos partidos catalanes (PSC, ERC, PP, ICV, Ciutadans y CUP) en contra de esta operación.

La Generalitat ha usado todo tipo de argumentos para que la Justicia no corrija esta concesión. Apeló, por ejemplo, a la millonaria deuda que arrastraba ATLL para justificar su privatización, pero el Supremo no ha concedido validez a este pretexto. «La muy extensa argumentación referida a la desconsolidación del déficit de 2012, pese a su casi intimidante magnitud, resulta a la postre carente de eficacia para desvirtuar» la fundamentación de un procedimiento anterior.

Callejón sin salida

Ninguno de los recursos de la Generalitat ha surgido efecto y ahora su única opción es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronuncie en contra de la conformidad a derecho de la resolución que tomó el OARCC en enero de 2013. Este organismo fue inequívoco en su decisión después de que Agbar –la otra compañía que aspiraba a la concesión de ATLL– reclamara su pronunciamiento. En una nota de prensa, Agbar concluyó que la sentencia «falla contra la Generalitat y a favor de Agbar». Aún queda pendiente que el Supremo resuelva el recurso presentado por Acciona, pero es de prever que el Alto Tribunal dicte una sentencia en un sentido muy parecido.

Fuentes de la Generalitat aseguraron a Efe que estudian el alcance de la sentencia, pero subrayaron que los tribunales deben resolver aún el fondo del conflicto, una posición que también defiende Acciona, que considera que el contrato de gestión de ATLL sigue en vigor.

El Parlament aprobó recientemente una moción para forzar la comparecencia de Vila y ofrecer explicaciones después de criticar con dureza lo que todos los grupos tachan de «chapuza» y «desastre». Un «lío momumental» en palabras del Supremo.