Los sindicatos ya no se creen las «falsas promesas» de Hacienda y Función Pública y han decidido pasar a la acción, con denuncias judiciales y movilizaciones, sin descartar incluso una huelga general de la función pública. CSIF ha interpuesto una demanda de recurso contencioso-administrativo y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por los «reiterados incumplimientos» en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

El sindicato acusa a Función Pública de inacción en sus deberes y pide al TSJM que le obligue a regular el teletrabajo en la AGE, lo que significa que se culmine el desarrollo reglamentario del real decreto de 2020 en el ámbito de sus competencias, en el que también quedan pendientes otras medidas que sigue sin ver la luz verde, como las normas sobre evaluación del desempeño, las mejoras en la movilidad y la carrera profesional. Además, recuerdan que «seguimos pendientes de que aporten cifras concretas sobre la oferta de empleo público, que sigue sin concretarse». Este sindicato acusa a Función Pública y su titular, Óscar López, de «dejación de funciones en el desarrollo de cuestiones fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos».

En la misma línea, CC OO y UGT han convocado movilizaciones ante los incumplimientos de la Administración con los trabajadores públicos, que se iniciarán el próximo martes 8 de julio ante el Ministerio de Hacienda, y que irán en aumento en su tono y capacidad, sin descartar «ningún escenario», incluida la huelga. «Hay una parálisis que tiene consecuencias para los trabajadores del sector público», denuncia

ron en una rueda de prensa la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo, que cargaron contra el Gobierno por incumplir tanto el anterior acuerdo marco como el arranque de las negociaciones para un nuevo pacto. Exigen que se dé una solución a los trabajadores que aún están a la espera de la jubilación parcial para el personal laboral, que se aplique la jornada de 35 horas y se aborde la mejora de las retribuciones de 2025.

A esas cuestiones «sin atender» se unen otras como la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales; negociar las necesarias modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. Asimismo, piden para los más de tres millones de trabajadores públicos «garantizar la atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión; la creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas; e impulsar la digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional».

Los sindicatos han trasladado su descontento con Función Pública por cómo están gestionando las cuestiones que tienen que ver con el empleo público y, aunque han asegurado que el diálogo es «fluido», indican que el Ministerio y las organizaciones sindicales están hablando «idiomas diferentes». También han dejado claro que no empezarán a negociar un nuevo Acuerdo Marco sin que se cumpla lo pactado en el último.

A todo esto hay que sumar la última decepción con la oferta pública de empleo (OEP) presentada por López. UGT, CSIF y CC OO han rechazado la nueva OEP de 2025 y el Ministerio de Función Pública ha cerrado la mesa, de manera que el Gobierno aprobará por su cuenta la nueva OEP en Consejo de Ministros sin contar con el apoyo sindical. Según ha confirmado LA RAZÓN, los representantes ministeriales de Óscar López han hecho una oferta «soberanamente insuficiente» para CC OO, que «no ha concretado una cifra global suficiente ni definitiva ni clara» en el caso de UGT y que, en realidad, «reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición» para CSIF.

En principio, la propuesta asciende a 20.000 plazas, 4.500 de empleo neto, menos de la mitad que el año pasado y un 10% de las plazas perdidas en los últimos 20 años y otras miles «sin concretar», lo que ha provocado el rechazo. «Harían falta 10 ofertas de empleo público similares para recuperar el empleo perdido», critican desde CSIF. Pese a que Función Pública había anunciado que el número de plazas sería «similar» al de la OEP de 2024, de más de 40.000 plazas. al final se ha quedado en la mitad.

Desde CSIF critican que se mantiene la tasa de reposición, «lo que impedirá reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la Administración del Estado». Además, recuerdan que la OEP contendrá una tasa adicional para el País Vasco en el ámbito de la Justicia, que permitirá a esta comunidad autónoma reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto, «lo que supone una discriminación para el resto de Administraciones y romperá el principio de equidad».