Reentrada de lo público en lo privado: Ni razonable ni prudente

La intervención del Estado comprando total o parcialmente empresas privadas o desarrollando negocios con compañías públicas tiene sentido en actividades que difícilmente se acometerían por parte del sector privado; o bien en aquellas que representan un carácter estratégico para la marcha de la actividad económica.

Esta afirmación representa la pura teoría económica, ya que el Estado debe limitar su papel como empresario a un mínimo razonable y siempre en virtud de la búsqueda de un bien mayor para la sociedad.

Dicho esto, España ha llevado esta intervención más allá de lo que sería razonable. La SEPI recientemente ha efectuado, o tiene la intención de hacerlo, la compra (recompra puesto que se trata de empresas previamente públicas y privatizadas totalmente en los 90) de participaciones en Indra y Telefónica .

La pregunta es si estas actuaciones tienen sentido. En el primer caso, más parece respuesta a una guerra por el control político de la empresa, mientras que en la operadora es la entrada de capital saudí el que ha desatado las alarmas. En este segundo caso, la actuación del Gobierno apunta a una evidente sobreactuación, puesto que una entrada mayoritaria de capital extranjero requeriría de una autorización y sería razonable que se establecieran límites a esta entrada dado que proviene de fuera de la UE y el capital es público saudí. Por ello, no tendría sentido haber privatizado la empresa hace 30 años para que se volviera de capital público, pero saudí…

Con todo, entrar en el capital de una empresa con innumerables filiales, sobre todo en América Latina, es un mal ejemplo. Seguramente a España no le habría gustado que en ninguno de los países donde está la operadora se blindara de esta manera a empresas que, en su mayoría, eran públicas cuando las adquirió la compañía española.

¿Qué decir de Indra? Es cierto que la empresa tiene un negocio armamentístico, pero no es menos que cuando se privatizó este negocio ya existía, por lo que esta reentrada de lo público no tiene sentido. O bien se hubiera debido impulsar una segregación de este negocio y posterior compra por la SEPI o bien continuar con la situación actual.

En suma, se ha ido mucho más allá de lo razonable, incluso de lo prudente.

*Javier Rivas es profesor del EAE Business School